Arranca el juicio por la muerte de Ellacuría: «Que se conozca la verdad para poder ofrecer perdón»

La Compañía de Jesús ha expresado su confianza de que el juicio en la Audiencia Nacional española contra el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su papel en el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador «permita revelar la verdad sobre este crimen que conmovió al mundo entero». La primera vista del proceso se celebra este lunes.

Junto al excoronel, que se enfrenta a una petición de 150 años de cárcel, se sentará en el banquillo René Yusshy Mendoza, quien fue teniente del ejército de la república de El Salvador destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos.

Para este acusado, la Fiscalía pide no obstante una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.

Según la Fiscalía, ambos «participaron en la decisión, diseño o ejecución» del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, del entonces rector la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, natural de Vizcaya, los vallisoletanos Ignacio Martín Baró y Segundo Montes Mozo, el burgalés Amando López Quintana y el navarro Juan Ramón Moreno Pardo. También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

Que Montano se ponga «del lado de la verdad y la justicia»

En un comunicado hecho público el domingo, la Provincia Centroamericana de los jesuitas y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas animan a Montano a «aprovechar esta gran oportunidad» para ponerse «del lado de la verdad y la justicia» contando todo lo que sepa sobre estas muertes. No fueron «simples asesinatos», abundan, sino el resultado de «un plan pensado y ejecutado, en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra».

«Dada la falta de voluntad política en El Salvador para resolver este crimen», los jesuitas esperan que el juicio en España, bajo el principio de la Justicia universal, «contribuya a que funcione el sistema de justicia salvadoreño». Se comprometen, de hecho, a seguir trabajando por ello como han hecho hasta ahora, independientemente de lo que ocurra en la Audiencia Nacional.

Justicia para que pueda haber perdón

«El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas. Ese es el camino del perdón cristiano y la senda para la verdadera reconciliación», explican. Tanto los jesuitas como la universidad están dispuestos a perdonar, subraya su comunicado.

Pero para ello «es necesario que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, tarea que le corresponde al poder judicial, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón». Que la verdad salga a la luz, pronostican, «será un bien para El Salvador, contribuirá a la justicia para las víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victimarios».

«Dedicaron su vida a defender a los pobres»

Ellacuría y sus compañeros, explican los jesuitas, eran «inocentes, personas de bien, que dedicaron su vida a defender a los pobres, a impulsar la justicia social y promover el bien común desde la razón y el conocimiento académico». Movidos por su compromiso de «defender los derechos humanos y luchar por la justicia que brota de la fe», estos jesuitas habían denunciado «los atropellos del poder al pueblo salvadoreño» y buscado «el camino hacia la paz para poner fin a una guerra fratricida irracional y sin solución en el campo militar», que se terminó cobrando 80.000 víctimas.

La misma Fiscalía recoge estos hechos en el texto de la acusación. Según su relato, los procesados y «terceras personas no investigadas» formaron dentro del Estado salvadoreño «una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas», etc.

Único intermediario

El año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador» al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país». En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado. Él era «el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes».

Esto lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional». En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».

«Largo y difícil» camino hacia la justicia

Este crimen, denuncia la Compañía de Jesús, «fue encubierto desde el primer momento por las más altas autoridades del país y negado por aquellos que lo planificaron y ordenaron». Durante más de 30 años, tanto los jesuitas como la UCAN han luchado en el sistema judicial salvadoreño por que se haga justicia. Pero «hasta la fecha los autores intelectuales, los que decidieron y ordenaron el asesinato de los jesuitas, de Julia Elba y su hija Celina, con nocturnidad y alevosía, siguen en la más absoluta impunidad».

La única vía por la que se ha podido avanzar ha sido que el caso se juzgara en España al ser de este país cinco de las víctimas. Este camino, abierto por sus familiares, por la Asociación Pro Derechos Humanos y por el Center for Justice and Accountability de Estados Unidos, ha sido «largo y difícil», entre otras cosas por la continua «protección del Estado salvadoreño».

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de los jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición. El único que ha podido ser puesto a disposición de la Justicia española ha sido Montano, que había sido detenido en Estados Unidos. Allí permaneció detenido dos años, hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017.

Un paso «positivo»

Desde entonces se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio. Las fechas para las diez sesiones, que se prolongarán desde este lunes hasta el 16 de julio, estaban ya marcadas antes de que se decretara el estado de alarma. A pesar de las dificultades, finalmente se han mantenido porque el ya septuagenario Montano se encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses.

La provincia española de los jesuitas se ha sumado al deseo de sus compañeros centroamericanos de que «el juicio hubiera podido celebrarse en El Salvador, por el significado simbólico y restaurativo que hubieran podido tener para el país y por poder representar con las víctimas de la UCA a las miles de víctimas salvadoreñas que quedaron en el anonimato». Así lo expresa su provincial, Antonio España, en otro comunicado que acompaña al de los salvadoreños. Sin embargo, considera «positivo» el juicio en España, cuando de momento «no existe la posibilidad de justicia» en su país.