El drama del CIE de Barcelona en 2019: menores, enfermos, personas con discapacidad, solicitantes de asilo... - Alfa y Omega

El drama del CIE de Barcelona en 2019: menores, enfermos, personas con discapacidad, solicitantes de asilo...

Migra Studium acompañó el año pasado a 170 internos a través de 535 visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. Por allí pasaron, en total, unas 1.000 personas que sufrieron, denuncia en su último informe, «un ambiente lleno de irregularidades, amenazas, intimidaciones, agresiones entre internos…»

Fran Otero
Foto: Inés Baucells.

Para ser conscientes de los dramas que se viven en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) solo hay que acudir al testimonio de los internos que recogen las ONG que los atienden. Como el de Amin –los nombres que aparecerán han sido modificados–, un marroquí de 19 años que huyó del maltrato de su padre, que le apagaba los cigarrillos en su cuerpo. El joven, que llegó solo a España dentro de un camión, fue expulsado del país tras 57 días internado. O Mohamed, un tunecino al que la desesperación lo llevó a intentar suicidarse en el propio CIE. También Raouf, que nunca entendió por qué le habían encerrado. Era menor: «No he hecho nada malo. ¿Qué le diré a mi madre? Ella no sabe que he venido a España en patera. Llegamos a Formentera y nos escondimos en un bosque, pero teníamos tanta hambre que salimos». Fue devuelto a Argelia tras siete días en el CIE.

Estos son solo algunos de los casos que durante el 2019 la Fundación Migra Studium atendió en el CIE de la Zona Franca, en Barcelona, y que recoge en un informe publicado recientemente. Un trabajo que se deriva del acompañamiento de esta entidad, que forma parte de la red del Servicio Jesuita a Migrantes, ofreció a 170 personas a través de 535 visitas y que pone de manifiesto «el drama humano que supone la existencia de los CIE». «Estas biografías son la expresión poliédrica de múltiples vulnerabilidades complejas y llenas de retos: encontramos menores de edad, enfermos, personas con discapacidad, dependientes, solicitantes de asilo y protección internacional, personas con arraigo en España, exreclusos…», se lee en el estudio.

En concreto, el informe denuncia que, en 2019, al menos 38 menores fueron internados en el CIE, de los cuales seis fueron reconocidos como tales y derivados a los recursos adecuados. También que se mantuvieron a personas con problemas psiquiátricos o con algún tipo de discapacidad: Migra Studium se encontró un total de 28 personas en esta situación entre todas las que atendió. Una de ellas, a pesar de tener una discapacidad auditiva y de expresión oral, fue expulsada.

Por otra parte, recoge que al 25 % de los internos que atendieron se le solicitó la documentación en vía pública o en el transporte público, una cifra superior a la de años anteriores, una circunstancia que para Migra Studium «parece coincidir con el incremento de identificaciones discriminatorias de perfiles étnicos y/o raciales».

Además, indica que hasta 32 internos tenían un fuerte arraigo en el territorio –con pareja o hijos a cargo–, algo que ya no justificaría el ingreso en el CIE. Y lamenta la «gestión arbitraria del centro», donde hay «un ambiente lleno de irregularidades, amenazas, intimidaciones, agresiones entre internos e incluso trato racista o degradante por parte de los agentes de Policía».

Acciones jurídicas muy deficientes

A la situación en el CIE y la limitación de derechos de los internos, se suman, según el informe, «acciones jurídicas muy deficientes de algunos abogados y magistrados». Basta un ejemplo: «En un caso de solicitud de protección internacional de un interno nacido en Brazzaville (República del Congo), su letrada, de oficio, presentó abundante argumentación referida a la República Democrática del Congo. La letrada que debía defender al interno cometió el flagrante error de confundir dos países con nombres similares».

Por todo ello, el informe apunta que mantener el CIE operativo «no solo es ineficiente, sino profundamente injusto, porque es un espacio de arbitrariedad y de vulneración de derechos». «Pedimos el cierre definitivo del CIE de la Zona Franca y la apuesta por una política migratoria basada, no en la hostilidad, sino en la hospitalidad», añade.

Informe del Defensor del Pueblo

Muchas de las denuncias que incluye Migra Studium en su memoria también aparecen reflejadas en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2019, presentado este miércoles. En este trabajo se da cuenta del incremento de las quejas por la presencia de menores en los CIE, lo que ha motivado, añade, «un número significativo» de actuaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

Además, pone en solfa la asistencia jurídica que reciben los internos, así como la social y cultural, «que no cumplen las previsiones del reglamento de funcionamiento y régimen interior». Un año más, continúa, no se cumple con los establecido en artículo del reglamento de los CIE por el que se establece que cada centro deberá tener un servicio de asistencia sanitaria.

Recoge también las quejas de los propios migrantes internados: hablan de torturas, insultos o vejaciones; de enfermedades incompatibles con el encierro en un centro de estas características; o de autolesiones e incluso muertes.

Sin CIE tras la pandemia

El Servicio Jesuita a Migrantes, del que forma parte Migra Studium, ha lanzado este miércoles una campaña dirigida al Gobierno y al Poder Judicial para que los Centros de Internamiento de Extranjeros, ahora que están vacíos desde el 6 de mayo, no se vuelvan a abrir cuando finalice el Estado de alarma y la pandemia: «La propuesta del SJM pasa por mantener los CIE vacíos tal y como están y por buscar políticas migratorias alternativas menos lesivas para los derechos humanos y menos costosas para el erario público». En este sentido, invita a los ciudadanos a sumarse a esta petición a las autoridades políticas y judiciales con su firma a través del portal Visibles.org.

En el caso de que el Gobierno no atendiera a esta petición, el SJM pide que, al menos, no se interne a las personas más vulnerables. Esto es, jóvenes cuya mayoría de edad no quede probada, personas de protección internacional, personas con indicios de padecer algún problema de salud física o mental, personas que cuentan con arraigo familiar y social o personas con indicios de haber sido objeto de trata.

«No es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país. Los nuevos tiempos demandan nuevas políticas», concluye.

A la campaña ya se han unido numerosos particulares y algunas organizaciónes, entre ellas la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid.