Rebelión tuitera contra la ley Celaá

La escuela católica, junto a otros colectivos como los sindicatos y ciudadanos en general, ha puesto de manifiesto este lunes su descontento con la LOMLOE, la reforma educativa del Gobierno, que sigue tramitándose en el Congreso de los Diputados a pesar del Estado de Alarma. Una circunstancia que, según denuncia la plataforma Concertados, está sustrayendo a la sociedad el debate necesario ante una norma tan importante.

La iniciativa, que surgió de un grupo de delegados de Enseñanza de las diócesis españolas y a la que se han sumado patronales de centros educativos, sindicatos, partidos políticos y familias, ha conseguido colocar entre las principales tendencias del día los hashtag #StopLeyCelaá y #ReliEsMás.

Todas las aportaciones incidieron en una misma demanda: no es momento de tramitar una ley tan delicada como la educativa. «Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación. […] El Gobierno no pone fácil el diálogo y la colaboración. Si persiste en aprovechar a su favor un momento tan crítico y excepcional para aprobar la LOMLOE, estará haciendo un ejercicio de autoritarismo sin precedentes», ha manifestado Escuelas Católicas desde su perfil, que pide la paralización de los trámites.

Una línea que ha seguido, entre otros, la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid, cuya delegada, Inmaculada Florido, ha recalcado que «una ley de Educación no puede salir adelante sin diálogo ni respeto a las familias».

«Nuestro país merece un debate tranquilo sobre educación, una ley duradera, un gran acuerdo que deje de lado disputas partidistas y responda con generosidad a los enormes desafíos que se avecinan», añadió Alfonso Aguiló, presidente de CECE.

A nivel político, la diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín Llaguno, expuso que tramitar el proyecto en estos momentos no es «la mejor idea» y se preguntó «por qué no convocan urgentemente a las fuerzas políticas y a la comunidad educativa para ver cómo superamos la crisis del COVID-19 que tanto afecta a la educación». Más duro se mostró el senador del PP Rafael Hernando, que calificó la situación de «disparate».