El Tercer Sector pide «que nadie se quede atrás» por el coronavirus

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos un documento con 29 propuestas para incluir en el Programa Nacional de Reformas 2020, en el que el Ejecutivo nacional presenta cada año actuaciones en ámbitos como el empleo, la educación, la investigación, la innovación o la inclusión social, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. Estas propuestas han sido elaboradas por la Red Española de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-España) y recogen todas las aportaciones de las 30.000 entidades que conforman la PTS, incluida Cáritas Española.

Con estas propuestas, la PTS busca defender el Estado del Bienestar y blindar los derechos sociales ante la pandemia del coronavirus, ya que «si antes de la epidemia del COVID-19 la economía española se encontraba en una zona de peligro, debido a las altas tasas de paro, de empleo precario, de riesgo de pobreza y exclusión y de abandono educativo temprano, ahora con el impacto de la crisis del COVID-19 estos problemas pueden profundizarse hasta llegar a niveles muy graves», denuncia el texto de la PTS.

Para el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, «el Estado de Bienestar es esencial para promover un desarrollo social y sostenible más equitativo». Además, ha defendido que debe estar respaldado «ahora más que nunca por la inversión social pública para garantizar el acceso a empleos de calidad, servicios universales y protección social para toda la ciudadanía, especialmente los colectivos más vulnerables, que son los más castigados por la pandemia». Como explica asimismo Carlos Susías, presidente de EAPN-España, se trata de «no dejar a nadie atrás. Es el momento de defender los derechos de las personas y la efectiva garantía de los mismos».

Entre las propuestas de la PTS está la puesta en marcha de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, aprobada hace un año; la implantación de un ingreso mínimo de carácter estatal para todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión y, por lo tanto, en vulnerabilidad económica y social; la necesidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la atención médica y a los recursos sanitarios y de salud pública; y la ampliación de la prestación por menores a cargo, que debería duplicar su cuantía y alcanzar los 100 euros al mes en 2024. De la misma manera, el documento apuesta por la eliminación del sinhogarismo garantizando el acceso a una vivienda, adecuada y digna.

El documento también recoge otras medidas para proteger a las personas con discapacidad, a las personas trabajadoras del servicio doméstico y de cuidados, para regularizar de manera inmediata la situación de las personas inmigrantes, para promover la inclusión social de la población gitana, para dar apoyo a los trabajadores autónomos o desarrollar una Ley de Familias Monoparentales, entre otras actuaciones, todo para «reconocer claramente la protección social y al bienestar de todos como prioridad política».