Necesitamos repensar la solidaridad - Alfa y Omega

Para analizar y evaluar la situación social que estamos viviendo en España, necesitamos criterios de referencia. Los obispos españoles, en su documento Iglesia, servidora de los pobres, evocan algunos principios sociales, que ahora recordamos, y nos invitan a repensar la misma comprensión de la solidaridad.

El primer principio que nos recuerdan es «la primacía de la persona». La economía está –debe estar– al servicio de la persona y de su desarrollo integral. El hombre no es un instrumento al servicio de la producción y del lucro. Detrás de la actual crisis, lo que se esconde es una visión reduccionista del ser humano que lo considera como simple homo oeconomicus, capaz de producir y consumir. Necesitamos un modelo de desarrollo que ponga en el centro a la persona, ya que, si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión.

En una cultura que excluye y olvida a los más pobres, hasta el punto de considerarlos un desecho para esta sociedad del consumo y del bienestar, es urgente tomar conciencia de otro principio básico: «el destino universal de los bienes». Como dice el Concilio Vaticano II, «Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Igualmente ha recordado que la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable, sino subordinado al destino universal de los bienes. Como expresó tan claramente san Juan Pablo II, sobre toda propiedad privada «grava una hipoteca social».

Este destino universal de los bienes no se refiere únicamente a los bienes naturales. Hay que extenderlo hoy a los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos, sino que han de estar al servicio de las necesidades primarias de todos los seres humanos. Esto nos exige velar especialmente para que lleguen también a aquellos que se encuentran en situación de marginación o impedidos por sí mismos de alcanzarlos.

Desde este principio, necesitamos repensar el concepto de solidaridad para responder adecuadamente a los problemas actuales, pues el mismo concepto y muchas prácticas de solidaridad están muy desvirtuadas. Como dice el papa Francisco, «la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos». Hablar de solidaridad no es hablar de limosnas, de banco de alimentos, de gestos puntuales de generosidad, es hablar de comunidad, de compartir, de búsqueda efectiva del bien común, de reconocimiento de derechos sociales».

En esta clave, debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales– la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos. A los gestores de la vida pública incumbe, en primer lugar, la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad.

Para ello, no basta una solidaridad de gestos puntuales, una solidaridad que movilice a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. Menos todavía es necesaria una solidaridad que suplante al Estado y a la Administración pública en el ejercicio de sus responsabilidades. A ellos compete como deber primordial la implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo, así como la efectiva voluntad política de establecer la legislación pertinente referida a la protección de la vida y al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales.

Por otra parte, «hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad», dicen los obispos. Desde este principio, los más favorecidos deberían renunciar a algunos de «sus derechos» para poner con mayor liberalidad «sus bienes» al servicio de los demás.

Vicente Altaba
Delegado Episcopal de Cáritas España