2.224 migrantes fueron internados en los CIE en 2020 a pesar de la pandemia
El SJM denuncia en el Informe CIE 2020 la «sinrazón política» de mantener estos centros abiertos y la apuesta por la construcción de nuevas instalaciones
Un total de 2.224 migrantes fueron internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el año 2020, según datos del Ministerio del Interior facilitados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su Informe CIE 2020 titulado Razón jurídica y sin razón política presentado este viernes en Madrid. Se trata de una cifra inferior a años anteriores, pero importante si se tiene en cuenta que estos centros se mantuvieron vacíos entre mayo y septiembre y que en los últimos meses del año el aforo fue restringido por la pandemia.
Durante este año, además, 1.248 personas salieron de los CIE al ejecutarse su repatriación, mientras que 1.039 fueron puestas en libertad. Otras 367 salieron por otros motivos, ya sean traslados a otros CIE, entrada en prisión u otros motivos.
Entre todas estas personas, fueron detectados 42 menores, un dato que, para el SJM, puede ser inferior a la real «puesto que los decretos de determinación de la edad se apoyan en los márgenes superiores de edad» mientras que un total de 766 cursaron solicitud de protección internacional. Además, la duración media del internamiento fue de 30 días, una cifra similar a la de los últimos años.
Al margen de los datos, el informe analiza cómo ha sido el internamiento en los CIE en tiempos de la COVID-19: «España destaca en el entorno europeo por la decisión de vaciar los CIE por buenas razones jurídicas durante la primera ola de la pandemia. Lo cual contrasta con la sinrazón política de reanudar el internamiento cuando se iniciaba la segunda ola de contagios y permanecían restringidos los desplazamientos internacionales».
En este sentido, desde el SJM denuncian una «lamentable falta de coordinación» en los protocolos de prevención frente a la COVID-19, que tuvieron que ser elaborados por los propios centros o los juzgados de control. Eso sí, no se pudieron evitar los contagios por las propias características de estos centros, donde se dan actividades grupales, hay abundancia de mobiliario metálico y baños comunes, y entran personas diferentes por la rotación del personal policial, de cocina, mantenimiento…
«No tienen ningún sentido mantener los CIE abiertos», ha afirmado Josep Buades, coordinador el equipo Frontera Sur del SJM y uno de los autores del informe, tras ser preguntado por su conveniencia teniendo en cuenta que las fronteras con países como Marruecos permanecen cerradas y la devolución se hace imposible.
El caso de Samba Martine
Uno de los capítulos del informe se dedica a reconstruir el caso de Samba Martine, que falleció en el CIE de Madrid, un caso ante el que el Estado ha tenido que responder patrimonialmente –responsabilidad reconocida en 2020– por la negligencia de los servicios médicos. En concreto, destaca que este caso se dan dos fallos estructurales de funcionamiento, reconocidos por la Administración: la ausencia de coordinación entre el CETI de Melilla y el CIE de Madrid, pues no hubo transmisión de los datos médicos; y los fallos en el funcionamiento del servicio médico del CIE.
«Conseguir que la Administración haya reconocido fallos supone una reparación moral muy importante para la familia. Porque las víctimas tienen derecho a ser reconocidas como tal. En este caso, la resolución tiene un valor para su hija, pues relata muy bien lo que pasó, y, además, supone una compensación económica que le ayudará para ir a la universidad y labrarse un futuro», ha afirmado la abogada Cristina Manzanedo.
Por último, se ha analizan los proyectos de reforma de los CIE existentes y de construcción de uno nuevo en Algeciras. Una inversión que se acerca a los 33 millones de euros en cinco años. Según Buades, esto muestra los CIE son «una prioridad y una apuesta política» para el Gobierno.