Escuelas Católicas se reúne con Celaá, a la que pide «una ley de consenso, alejada de posturas extremas» - Alfa y Omega

Escuelas Católicas se reúne con Celaá, a la que pide «una ley de consenso, alejada de posturas extremas»

La ministra de Educación ha confirmado a sus interlocutores que la educativa será la primera ley que apruebe el Gobierno y que el proyecto se presentará en el Congreso de los Diputados próximamente

Redacción

Escuelas Católicas ha pedido este lunes a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y a su equipo que durante la tramitación de la nueva ley educativa «prevalezca la sensatez y el diálogo para llegar a una ley de consenso alejada de posturas extremas». Lo hizo en una reunión convocada por el propio Ministerio de Educación y a la que asistieron José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas; Luis Centeno, secretario general adjunto, y Juan Manuel Ruiz, director de la Asesoría Jurídica.

Del mismo modo, los representantes de Escuelas Católicas han reclamado que se tenga en cuenta la libertad de enseñanza y el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos, de forma similar a como ya se viene haciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea. Además, han agradecido a la ministra que en sus últimas intervenciones públicas haya reconocido el papel positivo de la enseñanza concertada a la que representa Escuelas Católicas.

En cuanto a la nueva ley educativa, Celaá ha confirmado que será la primera ley que apruebe el Gobierno y que el proyecto, que es el mismo que ya se conoce, se presentará próximamente en el Congreso. A este respecto, los representantes de Escuelas Católicas han manifestado algunas de las demandas concretas del sector: gratuidad del Bachillerato, educación de 0-3 años también para centros concertados, o que la nueva ley no permita que las autonomías desarrollen a su amparo leyes intervencionistas que perjudiquen a la concertada.

En este sentido, pusieron de manifiesto, con cifras, que la enseñanza concertada está comprometida desde siempre con la integración de inmigrantes y de alumnos con necesidades educativas especiales, «un compromiso inquebrantable que, no hay que olvidar, requiere igualdad de recursos con respecto a la enseñanza pública».