Progresa adecuadamente, pero aún necesita mejorar

– Piensa en el niño: La ley vuelve a tomar en consideración al niño no nacido, empezando por su nombre: Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no le reconoce su derecho a la vida, sino que lo define como un bien jurídico protegido. Otros aspectos de la ley reconocen en parte la presencia del niño: en los embarazos avanzados, si hay peligro para la vida de la madre, se sustituye el aborto por un parto inducido, que da al niño la posibilidad de vivir. Con todo, el bien que supone su vida no se entiende como algo absoluto, sino que se afirma que puede entrar en conflicto con los derechos de la madre, y es preciso recordar que no es equiparable el derecho fundamental a la vida a todo otro derecho.

Aunque la protección del no nacido es limitada, la ley quiere que sea efectiva. Por ello, se deroga la Ley Aído, que a equiparaba el aborto con un derecho fundamental de la mujer, y se vuelve a calificarlo como un delito despenalizado en dos supuestos (violación y grave peligro para la vida o salud, física o psíquica, de la mujer), con unos requisitos más exigentes que en 1985. Además, en una medida adicional se prohibirá la publicidad de servicios relacionados con el aborto, ya que, aunque «esté despenalizado no debe ser la primera opción ni un producto de consumo», aseguró el ministro Gallardón el pasado viernes.

– Hay voluntad de evitar los coladeros: Al concretar los requisitos, «se mejora también la ley de 1985 -afirma don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia-. Médicos especialistas van a tener que explicar, y en un informe motivado», en qué consiste ese peligro, «y por qué no se puede resolver de otro modo. Ninguno de esos requisitos estaba en la primera ley». Pero el cambio más importante es que los médicos sean ajenos al centro donde se practique el aborto. Esto ha sido una reclamación de las entidades provida desde que la regulación de la ley de 1985 empezó a permitir los coladeros. Sin embargo, no se les ha escuchado del todo, pues pedían que los informes los hicieran médicos de la sanidad pública. De no ser funcionarios, es posible que los elaboren abortistas de otros centros.

– Protección del niño enfermo, pero incompleta: La ley no contempla el aborto de fetos con anomalías, pero incluye dentro del supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre los causados si el feto tiene problemas incompatibles con la vida. En este caso, se podrá abortar incluso después de la semana 22. Por otro lado, no se excluye como tal el aborto por otras anomalías, por lo que existe el riesgo de que se incluya también como daño psíquico para la madre.

– Protección a la mujer: La principal novedad de la ley en relación con la mujer que aborta es que nunca será castigada, pues se la considera otra víctima. Además, se quiere mejorar el asesoramiento previsto en la ley de 2010. Se prevé que lo haga personal de los servicios sociales, en vez de los abortistas; en persona, no con un sobre, y estudiando las circunstancias de cada mujer. Las entidades provida denuncian que las mujeres que abortan lo hacen pensando que no tienen alternativas, o habiendo escuchado que su hijo «es sólo un puñado de células». Queda por ver si este asesoramiento se concibe explícitamente como un medio para proteger al no nacido, como ocurre en algunos países; y si se informará sobre las ayudas de entidades provida, silenciadas hasta ahora.

– Menos dinero para aborto, más ayudas: Un aspecto de la ley que no mejora nada es que el aborto se seguirá financiando con dinero público. Este dinero debería ir encaminado, más bien, a ayudar a la mujer embarazada. Por eso, «propondremos la introducción de políticas activas de apoyo a la mujer embarazada», para que «nunca ninguna mujer esté sola ante sus problemas», afirman desde RedMadre.

– Aborto de menores: Desde el principio, uno de los principales objetivos que el Gobierno tenía era acabar con el aborto de menores sin consentimiento paterno. Pero incluso aquí la mejora es incompleta. Al cierre de esta edición, la información del Ministerio explicaba que la decisión de abortar de las chicas mayores de 16 años prevalecerá sobre la opinión de sus padres, si éstos se oponen al aborto.

Otro aspecto de la ley que el movimiento provida valora positivamente es la regulación más abierta de la objeción de conciencia del personal sanitario, si bien el Foro Español de la Familia pedirá que no haga falta notificarla de antemano. También insistirán en que los médicos que elaboren los informes sean funcionarios de la sanidad pública.

El texto aprobado el viernes es sólo el primer paso de la tramitación. «Hay que seguir pendientes» de cómo evoluciona, ya que, «en este ámbito, hasta las comas son muy importantes –subraya don Benigno–. Pero confío en que, en un tema tan sensible», las opciones básicas no se vayan a cambiar. Por ello, las entidades provida seguirán trabajando para lograr «una legislación que proteja siempre y sin excepción alguna al concebido y no nacido y su derecho a la vida y el derecho de toda embarazada a ser madre contando con los apoyos que necesita».