La escuela concertada, en la cuerda floja

En el año 2009, un grupo de economistas suecos, encabezados por Stefan Fölster, publicó un informe titulado La escuela de la injusticia, que provocó una enorme polvareda en su país. Fölster, cansado de ver que los alumnos de Suecia obtenían cada vez peores resultados en las pruebas internacionales, llevó a cabo un estudio en el que desentrañaba dónde, cuánto, cómo, por qué y con qué resultados se había invertido en el sistema educativo sueco, desde 1999. Los resultados fueron demoledores…, literalmente, porque demolían con datos la mayoría de las premisas pedagógicas que los ideólogos educativos suecos habían presentado durante décadas como irrefutables, y que muchos países europeos -entre ellos, España, con la LOGSE de 1990- habían ido copiando en sus sistemas de enseñanza. Entre otras muchas conclusiones, La escuela de la injusticia demostraba que «la competencia de las escuelas independientes [que reciben la misma financiación que los centros públicos, y que son similares a los concertados españoles] es beneficiosa», porque «la calidad de la escuela pública de un área mejora si se abre en la misma zona una o varias escuelas independientes». Con datos de la Dirección General de Escuelas, explicaba también que la mayoría de escuelas independientes (en su mayoría, cristianas) obtienen buenos resultados porque aprovechan mejor el tiempo de los profesores y los recursos económicos y materiales, y crean un ethos escolar (un ambiente escolar) más sano, respetuoso y motivador por las virtudes humanas que promueven.

Ideología contra la evidencia

Sólo un año después del informe de Fölster, en 2010, el Gobierno de España –entonces en manos del PSOE– aprobó la LOE, una ley que profundizaba en los postulados pedagógicos de la LOGSE, y que establecía que la Administración tendría que programar la oferta educativa «teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados», así como «las consignaciones presupuestarias existentes, y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos». Esto, en teoría, debía obligar a las Administraciones a ofertar de forma equiparable los centros concertados y los públicos…, aunque también podrían argumentar falta de recursos para ofertar menos colegios concertados, sin tener que hacer caso a las demandas de las familias. Como resultado, y desde 2010, Comunidades como Asturias, Madrid, Cantabria y, sobre todo, Andalucía han dejado de financiar, renovar o conceder conciertos educativos –aunque fuese una solicitud de los padres– para dedicar sus recursos a centros públicos. Con la crisis como excusa, más de 30 centros concertados han visto cómo se les ha negado la posibilidad de recibir la financiación pública prevista por la ley, en alguna de sus líneas (Infantil y FP, en los centros de educación mixta; o para todos los cursos, en centros de enseñanza diferenciada). No obstante, en la mayor parte de los casos, los tribunales han frenado esos abusos políticos que decían querer beneficiar a la escuela pública…, aunque de forma contraria a la que recomiendan los estudios internacionales.

Consignas irreales

Ahora, el Gobierno del PP ha planteado la primera reforma educativa de la democracia que se aleja de algunos de los peores postulados pedagógicos de la LOGSE, e introduce por primera vez que las Administraciones deben tener en cuenta las demandas de las familias a la hora de planificar su oferta académica. La LOMCE, sin embargo, ha cosechado críticas desde los más variados sectores educativos y por muy diferentes motivos, y en las protestas contra la reforma, una de las consignas recurrentes es la de que, tanto con los recortes en educación como con la nueva ley, se perjudica a la escuela estatal y se beneficia a la concertada. Además, en las marchas y huelgas alentadas por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, impulsora de la llamada marea verde, se aventan eslóganes contra la escuela católica, por clasista y adoctrinadora.

Tan afectados, o más

La realidad es tan distinta que incluso el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que, aunque se «está favoreciendo una creencia generalizada sobre que la ley beneficia a la enseñanza concertada e, indirectamente, a sus trabajadoras y trabajadores», un «análisis detenido de sus contenidos demuestra que ese hipotético beneficio es falso». Más aún: «La ley contiene aspectos que rechazamos, elementos objetivos que perjudican [a los trabajadores de la concertada] y tampoco resuelve ninguno de los graves problemas de la actual legislación».

Por eso, contra las consignas dogmáticas, se imponen los datos. Don José María Alvira es el Secretario General de Escuelas Católicas, la principal patronal de centros concertados de España, que representa a 2.081 centros educativos, 1.177.473 alumnos y más de 97.000 trabajadores. Alvira explica que, «como en todos los sectores, la educación está sufriendo recortes y ajustes que están dificultando el funcionamiento normal de los centros. Las consecuencias las estamos sufriendo todos los sectores educativos y no es justo presentar la situación, como se pretende desde algunos foros, como si afectara sólo a unos en beneficio de otros. La enseñanza concertada no es la beneficiaria de la situación». Además, detalla cómo se concretan esos perjuicios: «Las rebajas en los salarios de los docentes de la escuela concertada, impuestas por los dos últimos Gobiernos, han supuesto una reducción análoga, si no superior, a la aplicada a los profesores de la enseñanza pública, así como la ruptura de las reglas de la negociación colectiva. Y la disminución de la partida Otros gastos del módulo del conciertos, supone en nuestros centros un incremento del déficit histórico y una pérdida de capacidad adquisitiva superior al 30 % desde 1993. Hay que recordar que los colegios católicos no reciben de las arcas públicas por ser católicos, sino por ser colegios».

Asfixia económica…, a las familias

A todo lo anterior, hay que añadir que el aumento de la capacidad de las aulas en un 20 %, exigida desde 2011, supone para los concertados más pequeños la eliminación de grupos enteros, o tener que atender a más alumnos con menos medios. Los colegios católicos también han visto cómo la Administración ha dejado de financiar sus unidades de apoyo escolar (compensatoria, refuerzo e integración) y ha reducido –en muchos casos, hasta anularlas por completo– las ayudas para comedor, transporte, o libros de texto. Algo que se suma a «los retrasos de varios meses por parte de varias Administraciones autonómicas en el abono de los gastos de funcionamiento, lo que, unido a la imposibilidad de obtener líneas de crédito de las entidades financieras, está provocando una auténtica falta de liquidez en los centros», denuncia Alvira. Esta asfixia a la escuela católica concertada –que supone el 25 % de centros escolares de España–, llama más la atención a la luz de los datos oficiales del curso pasado: según el Ministerio de Educación, cada puesto escolar en la escuela pública cuesta al Estado un 47 % más de lo que destina, por el mismo puesto, en la escuela concertada. O sea, que la enseñanza concertada es más rentable que la pública, pero recibe menos ayudas.

Estas cuestiones, claro, afectan de lleno a las familias, sobre todo por la supresión de ayudas para el transporte, comedor y libros de texto; así como por la reducción de aulas de apoyo, y las dificultades para renovar las instalaciones. No obstante, para muchos padres podría haber sido peor, si no llega a ser por la generosidad de las entidades religiosas que son titulares de los centros: como explica Alvira, «no hemos detectado un gran desplazamiento hacia la enseñanza pública, porque las únicas aportaciones que hacen las familias por la enseñanza de sus hijos son siempre voluntarias, y allí donde las hay, no son muy elevadas», porque las Congregaciones corren con los gastos.

Ataques políticos

A las consignas ideológicas y a la presión económica que está sufriendo la enseñanza concertada, hay que sumarle, además, ataques políticos de primer orden. Por ejemplo, el curso pasado, la Junta de Andalucía –gobernada por PSOE e Izquierda Unida– suprimió el concierto a siete colegios católicos, a pesar de que no habían incumplido ninguno de los requisitos necesarios para que les fuese renovado el convenio, y de que, en algunos casos, eran el único centro concertado de una localidad. También la Comunidad de Madrid retiró, sin previo aviso, el concierto a centros que imparten Formación Profesional de Grado Superior –la mayoría, en áreas socioeconómicas deprimidas–, a pesar de que, en Madrid, estos centros concertados logran que casi el 90 % de sus 7.000 alumnos terminen sus estudios con un puesto de trabajo bajo el brazo.

Lagunas de la LOMCE

El problema es que la LOMCE, lejos de corregir todas estas dificultades, perpetúa las lagunas actuales y la desprotección de las familias que eligen este tipo de enseñanza para sus hijos, amparándose en el artículo 27 de la Constitución. Como explica don José María Alvira, «la ley ha sido una ocasión perdida para hacer una revisión profunda de aspectos vinculados a la libertad de enseñanza y al régimen de conciertos, así como a la autonomía de los centros. No se han plasmado principios incorporados en la LOCE de 2002, como el derecho al concierto cuando se acredita demanda social, la consideración de la educación como servicio de interés general, o una mayor seguridad legal para satisfacer las necesidades de escolarización. El texto no conecta la necesidad de escolarización con la demanda; no garantiza que un centro con demanda mantenga el concierto; no corrige el déficit del módulo económico de conciertos; no garantiza la complementariedad de redes estatal-concertada, y puede terminar perpetuando la subsidiariedad de la concertada, dejándola en manos de la interpretación de los diferentes Gobiernos autonómicos». Y concluye: «A la luz de estos datos, resulta especialmente doloroso escuchar voces que responsabilizan a la concertada de los males de la pública y que aseguran que se está beneficiando de la situación, cuando lo que ocurre es todo lo contrario. Al parecer, para algunos, cualquier ocasión es buena, no ya para defender la escuela pública -lo que sería aceptable-, sino para reclamar que sea la única del panorama educativo».