España no es sólo su economía

Desde ayer y hasta hoy, se celebra, en el Congreso, el primer Debate del estado de la nación del Gobierno Rajoy. Y, como hasta la fecha, los discursos de Ejecutivo y oposición giran, principalmente, en torno a dos cuestiones: las mutuas acusaciones sobre corrupción, y la gestión que el Gabinete de Rajoy está realizando de la crisis. El propio Presidente explicó, hace unos días, que generar empleo y devolver poder adquisitivo a los españoles son sus dos «referencias», y reconoció que, aunque «no he cumplido mis promesas electorales, sí he cumplido con mi deber», pues, entre otras cosas, dijo haber evitado el rescate de España. Sin embargo, los argumentos económicos aducidos por el Presidente no parecen guardar conexión directa con otros problemas sociales que el PP se comprometió a abordar, en su programa electoral, y aún no ha acometido. O, peor, ha incumplido. Además, varias asociaciones señalan que, para la regeneración que necesita España, hay temas en los que el Gobierno no debe escatimar recursos, pues, como dice Benedicto XVI en Caritas in veritate, «no basta progresar sólo desde el punto de vista económico y tecnológico; el desarrollo necesita ser, ante todo, auténtico e integral».

Aborto: la ley que no llega

A pesar de que, antes de las elecciones, el PP había garantizado que modificaría la Ley Aído para «reforzar la protección del derecho a la vida», y que promovería «una ley de protección de la maternidad, con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad», a fecha de hoy, ni el Ministerio de Justicia ni el de Sanidad han presentado, siquiera, un borrador de la Ley del aborto, ni de la Ley de Maternidad. Los datos hacen lamentar esta demora: en 2011, se ejecutaron 118.000 abortos, o sea, 325 niños abortados al día. Y aquí no llegan los recortes: en 2010 se perpetraron 113.000 abortos, que fueron financiados por el Estado con 38 millones de euros de dinero público. Además, las farmacias siguen vendiendo sin receta la píldora del día después, que puede resultar abortiva, y que no reduce el número de abortos quirúrgicos.

El matrimonio ¿alegal?

En su campaña, el Partido Popular se comprometió a «trazar una perspectiva de familia en todas las políticas públicas»; compromiso que entroncaba con las reiteradas manifestaciones de miembros del PP, incluido Rajoy, sobre la definición del matrimonio como unión entre hombre y mujer, así como con su oposición a que los homosexuales pudieran adoptar a niños, a la reforma que eliminó los términos padre y madre del Código Civil, o a la Ley del Divorcio express. Aunque, el pasado noviembre, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó, en 2004, contra el llamado matrimonio gay, sí que dejaba en manos del legislador, o sea, del Gobierno de Rajoy, la posibilidad de regular de otro modo las uniones matrimoniales. El PP, sin embargo, ni siquiera ha anunciado una ley de protección de la familia, ni su prometida reforma del Código Civil, ni un cambio en la ley de uniones homosexuales (incluida la adopción)

Educación manipulada

Aunque la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza es la única de las grandes leyes sociales prometidas por el PP que está sobre la mesa del Consejo de Ministros, la demora en los trámites se está dilatando tanto -y con tan poco diálogo con los agentes educativos, según denuncian los sindicatos profesionales, asociaciones de padres y confederaciones de centros-, que se corre el riesgo de agotar la legislatura sin que entre en vigor. Además, la LOMCE no soluciona tres problemas de gravísimo calado, que abren las aulas a la manipulación: el primero, al mantener una nueva versión de EpC, que permite a las Autonomías incluir en su currículo contenidos manipuladores como los de la era Zapatero, como ya han anunciado Andalucía y País Vasco. La segunda, la violación de la enseñanza del Castellano en las Comunidades de mayoría nacionalista. Y la tercera, la insuficiente regulación de la clase de Religión, que tendrá alternativa académica, pero seguirá sin ser evaluable y, por tanto, no se impartirá en igualdad con otras asignaturas, como marcan los Acuerdos Iglesia-Estado. Queda por abordar la reforma de las universidades y el Estatuto Docente.

La Justicia, más politizada

Aunque el PP se comprometió a dejar en manos de los jueces la composición del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia de éste órgano, el ministro don Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que, en la nueva reforma de la Justicia (que tampoco ha entrado aún en vigor), todos los miembros del CGPJ serán elegidos por el Parlamento; es decir, lo contrario de lo prometido. Tampoco se han anunciado cambios para garantizar la independencia de los órganos reguladores: CNMV, CNE, Banco de España…

Penalizar a los inmigrantes

Con el lema Inmigración: mismos derechos, mismas obligaciones, en su programa, el PP prometía «impulsar una sociedad plural y la integración individual, en la que cada uno (…) se sienta parte de la sociedad». Sin embargo, el Gobierno ha dejado sin atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados y, con la anunciada reforma del Código Penal, planea criminalizar la labor solidaria de cientos de ONG, Congregaciones religiosas y personas anónimas, al multar con entre 500 y 30.000 euros a quienes ayuden a inmigrantes sin papeles. Además, la Cooperación al desarrollo se ha reducido un 74 % desde 2011.

Sortu, ETA, Bolinaga y Cía.

«Impedir la legitimación de la trayectoria de ETA, el enaltecimiento de los terroristas, y la equiparación de las víctimas con los delincuentes», fue el compromiso del PP. Sin embargo, el Debate sobre el estado de la nación tiene de fondo la concesión del Tercer Grado al etarra Bolinaga, por motivos humanitarios, y la llamada Vía Nanclares, con diálogo entre víctimas y verdugos, que le han valido a Rajoy las críticas de las asociaciones de víctimas de ETA; y la constitución de Sortu, que tendrá lugar este fin de semana, con la plana mayor de Batasuna, sin condenar a ETA, ni pedir perdón.

Estado, débil en lo esencial

El PP se comprometió a garantizar «los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas», así como a evitar duplicidades entre Administraciones. Ahora, está por ver cómo responderá al anuncio de proceso secesionista lanzado por la Generalitat de Cataluña, a la que se ha entregado 9.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria; o cómo aplacará la desobediencia de la Comunidad de Madrid en la Ley Anti-tabaco. Además, el Consejo de Ministros ha anunciado que, para reestructurar la Administración se acometerán cambios en los Ayuntamientos, no en las Comunidades, a pesar de que la tradición política de España se basa en la municipalidad.

Investigación no-biomédica

En 2006, el PP se opuso a la Ley de Reproducción Humana Asistida, y en 2007, a la Ley de Investigación Biomédica, que permiten la creación ilimitada de embriones para ser congelados y experimentar con ellos, crear bebés-medicamento, y generar embriones mediante clonación, algo prohibido en el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa. El Gobierno, sin embargo, no anuncia cambios en estas leyes que en su día criticó, a pesar de que aumentan por miles los embriones humanos congelados para experimentar con ellos e, incluso, para eliminarlos.