Compromís pide la expulsión de los curas de la sanidad pública

Compromís, uno de los socios de investidura del presidente del Gobierno ha solicitado este jueves la exclusión de los sacerdotes católicos que prestan sus servicios en la red de hospitales públicos y los ha comparado con integrantes de «sectas».

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado sendas preguntas dirigidas al Gobierno en la que reclama al nuevo Ejecutivo que formarán PSOE y Unidas Podemos que garantice la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios «no respetada en los convenios exclusivos con la Iglesia católica». La formación ha aclarado que su objetivo «no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios».

De acuerdo con la tesis que sostiene Compromís, el «Convenio de 23 de abril de 1986 sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud atenta contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en nuestra Constitución». Compromís recalca que en «dicho convenio se garantizó por parte del Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, pero no al resto de confesiones o sectas religiosas».

Bajo la premisa de que «la asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna», Compromís lamenta que el Gobierno garantice con fondos públicos la presencia de sacerdotes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde mantiene las competencias de sanidad, «ya que la religión con más seguidores no sería la católica».

Por ello, la coalición quiere saber qué cantidad ha destinado el Gobierno desde 1986 de dinero de la Administración General del Estado para asistencia religiosa, en qué hospitales o centros sanitarios, y para qué confesión religiosa.

El objetivo de Compromís pasa por «evitar las interferencias (pagadas con dinero público) religiosas, mitológicas, mágicas o pseudocientíficas en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso», y sostiene que «la asistencia religiosa no forma parte de lo estipulado en la Constitución en cuanto a los derechos reconocidos a la salud». Además, para los socios de investidura de Sánchez, «ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina».

Convenio vigente desde 1986

Compromís, que gobierna en la Comunidad Valenciana junto al PSPV-PSOE y Podemos, considera que el convenio suscrito en 1986 entre el Ejecutivo de Felipe González y la Conferencia Episcopal «sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso» a las autonomías que asumieron las competencias en materia de sanidad.

La Comunidad Valenciana destina 856.000 euros al año para sufragar los sueldos de 62 sacerdotes que ofrecen sus servicios en 25 hospitales de la red de hospitales públicos.

En virtud del acuerdo suscrito en 1986, la mayoría de hospitales tienen espacio para la Iglesia católica, fundamentalmente «capilla y despacho».

Al respecto, Compromís ha preguntado al Gobierno en sus interpelaciones en el Senado «qué medidas va a tomar para derogar los acuerdos que garantizan la asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos en España».