Las guerras del oro en Colombia

Crece en el primer mundo, poco a poco, la conciencia de que los minerales que forman parte de objetos tan cotidianos como un móvil se han obtenido a veces a costa de mucho sufrimiento. Y no ocurre solo en la República Democrática del Congo.

En Colombia, las principales regiones productoras de oro, como Antioquía (46 % de la producción nacional) o el Chocó (21 %), están también entre las más violentas, entre otras cosas por la presencia de grupos paramilitares como los Caparrapos o el Clan del Golfo que, a raíz de los Acuerdos de Paz de 2016, «se han reconvertido en grupúsculos criminales». Guillermo Otano, técnico de incidencia de la Fundación Alboan, explica que el oro se ha convertido en una nueva forma de financiación y de blanqueo de dinero para ellas: extorsionan a los mineros de las explotaciones artesanales, les suministran el equipo y les compran el oro para introducirlo en el mercado legal «a través de tienditas de oro de segunda mano en las ciudades».

Los enfrentamientos de estos grupos entre sí por el territorio, o con las Fuerzas de Seguridad, además, pueden obligar a la población a abandonar un territorio. Los desplazamientos forzosos también ocurren, esta vez de forma legal, cuando una comunidad indígena vive en el territorio donde una empresa quiere abrir una mina. En teoría, los habitantes de estas tierras tienen derecho a que se les pregunte antes. Pero el proceso es tan poco transparente –aclara Otano–, que en muchos casos «más que consultarles se les informa de una decisión ya tomada». Ellos solo deciden cuándo marcharse.

Alboan, junto con otras entidades implicadas en promover una minería justa como el Instituto Popular de Capacitación de Colombia o German Watch, han criticado en un informe conjunto que Europa no está tomando las suficientes medidas para evitar estas situaciones. Aunque en 2021 entrará en vigor la regulación de la UE sobre suministro responsable de minerales de zonas de conflicto, esta normativa no contempla, por ejemplo, el riesgo de desplazamientos forzosos.

Tampoco que se utilicen medios públicos en beneficio de los intereses privados de las empresas extractivas. En Colombia, la minería es una de las grandes apuestas del Gobierno para promover el desarrollo del país. En los últimos diez años se ha triplicado la producción, hasta alcanzar las 56 toneladas anuales. Pero, a pesar de que el 80 % de la producción sale de explotaciones tradicionales a pequeña escala, el Ejecutivo está favoreciendo sobre todo a las compañías extranjeras.

Stop a los artesanos, luz verde a las empresas

Otano cita como ejemplo la mina de El Alacrán, en Córdoba. «Una comunidad rural lleva diez años intentando formalizar la explotación con la que llevan 30 años ganándose la vida, y el Gobierno les da largas». Mientras a una gran empresa, la canadiense Minerales Córdoba, se le permite abrir una enorme mina de cobre en la misma zona.

En 2011, el 87 % de las 4.134 unidades de producción minera no tenían los papeles en regla. Al adherirse en 2012 a las guías de diligencia debida de la OCDE para el suministro de minerales libres de conflicto, el país adquirió el compromiso de regularizarlas.

La realidad está siendo otra: mediante acuerdos de inversión y de libre comercio «se está favoreciendo la entrada de firmas multinacionales, mientras se deniega la mayor parte de solicitudes a pequeña escala», explica el técnico de Alboan. Se perpetúa una tendencia que ya denunció en 2010 la Defensoría del Pueblo: el 86 % de las solicitudes de formalización presentadas por explotaciones artesanales eran rechazadas. Las minas pasaban de ser alegales a ilegales, y, aprovechando la implicación de grupos armados en el negocio del oro, se las empezó a criminalizar desde el poder.

El siguiente paso fue implicar a las Fuerzas de Seguridad. Se crearon batallones para proteger las instalaciones de las empresas y la infraestructura que necesitan, como las carreteras, y también unidades especiales de la Policía y el Ejército para combatir la minería ilegal. Pero «lejos de desmantelar las estructuras paramilitares, están borrando del mapa» las explotaciones de los mineros artesanales, subraya el informe en el que ha colaborado Alboan.

Este documento pide que estos aspectos se incluyan en nuevas normas más completas que la regulación que entrará en vigor el año que viene. Solicitan, además, que tanto en el desarrollo del reglamento como en las relaciones con el Gobierno colombiano y con las empresas importadoras se priorice la protección a los productores tradicionales y locales.