Bolivia aprueba el camino hacia nuevas elecciones, fruto de la mesa de diálogo - Alfa y Omega

Bolivia aprueba el camino hacia nuevas elecciones, fruto de la mesa de diálogo

Además de una ley para la renovación del Tribunal Supremo Electoral promulgada el domingo, este fin de semana se ha alcanzado un texto consensuado para una Ley de Pacificación con garantías para todos los implicados. Los acuerdos se alcanzaron en la mesa de diálogo auspiciada por la Iglesia, la ONU y la UE

Redacción
Foto: EFE/Rodrigo Sura

En un fin de semana intenso, el diálogo puesto en marcha la semana pasada en Bolivia con la mediación de la Iglesia ha dado fruto. Del acuerdo alcanzado en la mesa el viernes se pasó el sábado y el domingo a la tramitación, aprobación y promulgación de dos leyes encaminadas a pacificar el país tras la dimisión del presidente Evo Morales el 10 de noviembre.

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó el domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales aprobada ya en las dos cámaras del Parlamento con vistas a la celebración de comicios en un plazo máximo de unos cinco meses. La norma prevé que el expresidente y exvicepresidente, Evo Morales y Álvaro García, no podrán ser candidatos.

También se consensuó un proyecto de ley para garantizar la seguridad y derechos políticos y asegurar que un eventual procesamiento de dignatarios se haga por la vía constitucional y legal. Y se avanzó hacia una posible modificación del Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en su intervención contra manifestantes partidarios de Morales.

La Iglesia, la ONU y la Unión Europea seguirán implicadas en el proceso, haciendo un seguimiento a la implementación de lo acordado en la mesa. «Sigan apoyándonos», pidió el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Aurelio Pesoa Ribera, al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Jean Arnault, y al embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre. Los tres comparecieron el sábado para presentar los acuerdos, fruto del diálogo que se había iniciado el lunes 18 de noviembre.

Elecciones en cinco meses como máximo

En un acto en Palacio Quemado para promulgar la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio, Áñez destacó que llegar a este acuerdo, reclamado por los bolivianos en las movilizaciones postelectorales, no ha sido fácil. Al mantener el Parlamento una mayoría del Movimiento Al Socialismo del dimitido presidente Evo Morales, hubo que construir consensos para que la ley fuera aprobada por unanimidad.

Áñez agradeció a los legisladores de las fuerzas políticas este avance hacia «un nuevo pacto social y la construcción de una verdadera democracia». Tanto la Iglesia como los movimientos cívicos se habían pronunciado pidiendo una transición democrática. El siguiente paso ahora es la aprobación del reglamento para la aplicación de la nueva ley. Una vez aprobado, en 20 días como máximo se deberán elegir los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Solo dos días después de la constitución del Tribunal serán convocadas las elecciones, que se realizarán como máximo 120 días después de la convocatoria. Este proceso tendrá el asesoramiento y el apoyo técnico y económico de la UE y de la ONU.

Investigación de las 32 muertes violentas

El otro texto consensuado, cuya tramitación iba ligeramente por detrás de la convocatoria de elecciones, es el proyecto de la futura Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de los líderes sociales y sindicales, los actores políticos, las autoridades electas, los funcionarios y los ciudadanos en general frente a las detenciones arbitrarias o cualquier otra medida de coacción.

Incluye un artículo que recuerda los casos en los que un presidente y vicepresidente pueden ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y las garantías que deben darse en este caso según la ley 044. La propuesta prevé además la puesta en libertad de los detenidos que no tengan acusaciones en su contra.

En coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, se investigarán las muertes de 32 personas durante las protestas posteriores a la dimisión de Evo Morales, acusado de fraude electoral. Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a antiguas autoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados.

Aunque no se incluye en este texto, en las negociaciones el Gobierno provisional se mostró abierto a revisar el texto del controvertido Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en sus actuaciones contra los manifestantes. Posiblemente, el nuevo texto estipule que las fuerzas armadas se limiten a garantizar la seguridad de las empresas estatales, pero no estén en la calle.

Europa Press / Redacción