El Vaticano destituye al jefe de su unidad contra delitos financieros

En las finanzas del Vaticano «el zorro estaba vigilando a las gallinas», según se ha descubierto el martes con la suspensión del director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Tommaso Di Ruzza, encargado de luchar contra los delitos monetarios y el lavado de dinero, cuya oficina había sido registrada el martes por la Gendarmería Vaticana.

Junto con Di Ruzza ha sido cesado un alto cargo de la secretaría de Estado, monseñor Mauro Carlino, jefe de la Oficina de Información y Documentación, los «ojos» del Vaticano para sintetizar lo que sucede fuera y para orientar al departamento de Comunicación, que incluye la Oficina de Prensa, en el modo de dar las noticias.

Los registros efectuados en la Secretaría de Estado -un gesto sin precedentes pues equivale a la presidencia del Gobierno en un país- y la incautación de documentos, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles han llevado al cese de otros tres funcionarios de rango menor: Fabrizio Tirabassi, encargado de asuntos económicos; Vincenzo Mauriello, de la Oficina de Protocolo; y Caterina Sansone, del departamento administrativo. Todos de nacionalidad italiana.

Desde la publicación de una escueta nota sobre los registros en la secretaría de Estado y la Agencia de Información Financiera (AIF), el Vaticano mantiene el silencio, pero los ceses salieron a la luz el miércoles cuando el semanario «L’Espresso» publicó una orden del comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Giani, con la foto de los cinco implicados y la indicación de que solo se les permita el acceso a los servicios médicos, con autorización de la magistratura vaticana, excepto a monseñor Mauro Carlino que, de momento, continuará alojándose en Casa Santa Marta, la residencia-hotel en que también vive el Papa.

El semanario añade que las operaciones financieras ilegales se refieren a «compraventas inmobiliarias por millones de euros en el extranjero, en particular edificios de prestigio en Londres, y algunas extrañas sociedades inglesas que habrían participado en el negocio». No indica si se refieren a la compañía British Grolux Investments Ltd, que gestiona patrimonio inmobiliario del Vaticano y ha sufrido serias pérdidas en la capital británica.

El cese del jefe de la unidad encargada de combatir los delitos financieros ha provocado un «shock» pues desde 2015 Tommaso Di Ruzza presentaba cada año en la Sala de Prensa del Vaticano el informe de lucha contra la delincuencia monetaria acompañando al presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart.

El pasado 21 de mayo Di Ruzza informó que en 2018 la AIF había transmitido 11 informes a la Fiscalía del Vaticano, mientras que había recibido solo 56 denuncias de operaciones sospechosas, muchas menos que las 150 del año anterior.

Según Di Ruzza, «la disminución era previsible. En cambio, es positivo el aumento de la calidad de las denuncias y el aumento del número de informes de la AIF a la Fiscalía».

Igual de desconcertante resulta el cese del sacerdote y diplomático vaticano Mauro Carlino, antiguo secretario de la nunciatura en Nicaragua y jefe de la Oficina de Información y Documentación de la secretaría de Estado desde el pasado mes de julio. Carlino, que fue secretario del cardenal Ángelo Becciu -«número tres» del Vaticano desde 2011 a 2018, en que pasó a prefecto de la Congregación de los Santos- desempeña una tarea muy delicada, la de analizar información que llega por canales internos o por la prensa, y actuar de enlace con el departamento de Comunicación del Vaticano respecto a los contenidos: un área que no incluye operaciones económicas.

En medios vaticanos se considera que los registros y ceses son solo el inicio de una larga operación de limpieza que incluirá juicios públicos en el Tribunal del Vaticano como el que actualmente se sigue contra el ex presidente del banco del Vaticano (IOR), Ángelo Caloia, acusado de haber defraudado 57 millones de euros a la entidad, precisamente vendiendo propiedades inmobiliarias a bajo precio a empresas en las que participaba secretamente o de las que recibía comisiones.

Juan Vicente Boo / ABC