La Iglesia de Estados Unidos pondrá en marcha una línea única para denunciar abusos - Alfa y Omega

La Iglesia de Estados Unidos pondrá en marcha una línea única para denunciar abusos

Un nuevo sistema gestionado por terceros centralizará y redirigirá a partir de mayo de 2020 las denuncias de abusos. La Asamblea Plenaria de los obispos de Estados Unidos también ha reforzado el código de conducta de los obispos y ha aprobado un protocolo de medidas para aplicar a los obispos retirados acusados de abusos

María Martínez López
Foto: CNS

La Iglesia católica de Estados Unidos contará como tarde en mayo de 2020 con un sistema unificado, y gestionado por terceros, para facilitar la denuncia de casos de abusos sexuales y también casos de encubrimiento de estos abusos. Es una de las medidas que ha tomado la plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal del país, reunida hasta el viernes en Baltimore (Maryland).

Gran parte de estas medidas se habían perfilado en la plenaria anterior, celebrada en noviembre, pero habían quedado a la espera del motu proprio Sois la luz del mundo, dictado en mayo por el Papa Francisco con medidas concretas para proteger a los fieles del abuso y hacer que los sacerdotes y obispos rindan cuentas por su responsabilidad en esos casos.

El sistema de denuncia contará con una línea telefónica gratuita, que unificará las denuncias y las derivará a las diócesis o eparquías correspondientes. Aunque implementar este mecanismo no debería llevar mucho tiempo, se ha establecido mayo de 2020 como fecha tope para que esté en marcha para dar tiempo a que las diócesis que aún no lo han hecho establezcan qué procedimiento se seguirá una vez se hayan recibido las denuncias. Si las diócesis están listas antes, la puesta en marcha de todo el sistema podría adelantarse.

Medidas contra obispos retirados

Los obispos también dieron su aprobación al texto Reconocimiento de nuestro compromiso episcopal, que incluye un compromiso de tolerancia cero con los abusos, y que estipula que cualquier código de conducta para los sacerdotes se aplicará también a los obispos.

Una tercera decisión es la aprobación de un protocolo de restricciones no penales, que contempla posibles acciones para restringir el ministerio de los obispos que renuncien o sean destituidos por «conducta sexual errada con adultos». Además de las medidas que el protocolo pone a disposición del obispo, se le permite solicitar a la Santa Sede que implemente otras dentro de su jurisdicción.

El papel de los laicos

Una de las medidas, que se atiene al cambio más significativo ordenado por el Papa Francisco, se refiere al proceso por el cual debería investigarse a los obispos acusados de conducta inadecuada. En este ámbito, el debate más intenso fue sobre el papel que deben jugar los expertos laicos en el proceso.

Si bien la práctica totalidad de los obispos estaban a favor de que estos tuvieran más peso y responsabilidad que hasta ahora, se dudaba sobre si podía obligarse a las diócesis a incluirlos en su organigrama o a asignarles funciones de control y supervisión de los obispos, una medida difícil de encajar en el derecho canónico.

La redacción final de las resoluciones, después de debatir sobre unas 20 enmiendas, afirma que «cada metropolitano, consultando con sus obispos sufragáneos, debería nombrar de forma estable, incluso mediante una oficina eclesiástica, a un laico cualificado para recibir los informes de conducta relativos a los obispos». Y, en la práctica, lo más probable es que todos los obispos tengan una junta formada mayoritariamente por laicos.

Prioridad hasta 2024

Todo el conjunto de medidas se aplicará durante tres años, y luego se revisará. Pero otras decisiones tomadas en la Plenaria subrayan que la lucha contra los abusos seguirá siendo una prioridad en los años venideros. De hecho, es una de las cuatro líneas estratégicas prioritarias que los obispos están empezando a perfilar para los años 2021-2024.

Las otras son la evangelización, promover la vida y dignidad de la persona humana y el servicio al bien común «como levadura en una sociedad libre», y la promoción vocacional para «equipar a todos los discípulos de Cristo para la misión». Otra de las medidas aprobadas es la modificación del texto del Catecismo Católico para Adultos para incluir un mayor rechazo a la pena de muerte, aplicando así el cambio del número 2.267 del catecismo de la Iglesia católica aprobado por el Papa Francisco en agosto de 2018.

Impacto en la opinión pública

Entre junio de 2017 y junio de 2018, la Iglesia católica, con unos 67 millones de miembros en EE. UU., ha pagado 301 millones de dólares en costos relacionados con los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, incluidos casi 200 millones de dólares en acuerdos de resolución, según un informe encargado por la Conferencia Episcopal.

El mismo informe reveló que en ese período de 13 meses la Iglesia recibió 1.051 «denuncias creíbles» de abuso sexual cometidos por sacerdotes y otros miembros del clero contra menores.

Pero a pesar del continuo goteo de denuncias y casos, una mayoría (aunque exigua) de los estadounidenses no cree que el abuso sexual infantil sea más común entre los sacerdotes y líderes católicos (la mayor denominación cristiana del país) que entre otros grupos.

Según una encuesta del Pew Research Center hecha pública el 11 de junio (coincidiendo con la Plenaria de los obispos), el 57 % de los adultos cree que el abuso sexual infantil es tan común entre el clero católico como entre otros adultos que trabajan con niños. Sin embargo, entre los no católicos este porcentaje se reduce al 44 % (con porcentajes más elevados entre los no creyentes, y más bajos entre protestantes y judíos).

Otro dato significativo es que el 92 % de los encuestados ha escuchado informaciones sobre el escándalo de casos de abusos en la Iglesia católica, y el 79 % cree que refleja un problema que continúa ocurriendo.

La crisis de abuso también ha provocado que algunos católicos asistan a Misa con menos frecuencia (el 15 % de los practicantes y el 32 % de los no practicantes) y disminuyan las donaciones a la Iglesia (el 20 % de los practicantes y el 28 % de los no practicantes).