Francisco, con los refugiados en Bulgaria - Alfa y Omega

Francisco, con los refugiados en Bulgaria

Dentro de su visita a Bulgaria y Macedonia del Norte, Francisco visitará el lunes un centro de recepción de solicitantes de asilo. Su presencia será una llamada de atención en un país donde diversas ONG denuncian que cerca del 60 % de estas personas están privadas de libertad

María Martínez López
Unas migrantes caminan entre policías antidisturbios dentro del centro de refugiados de Harmanli, cerca de la frontera con Turquía. Foto: AFP Photo/Nikolay Doychinov

La crisis de refugiados en Europa no había llegado aún a su apogeo cuando, en 2013, el periodista español José Antonio Sánchez Manzano visitó el campo de refugiados de Harmanli, cerca de la frontera de Bulgaria con Turquía. «Me impresionaron muchísimo las condiciones en las que vivía la gente. Los edificios estaban prácticamente en ruinas, hacía frío y olía mal. Decenas de personas hacinadas, ancianos y niños alrededor de fogatas, falta de personal médico y administrativo… Por esa misma época, también me impactó ver misiones de Médicos Sin Fronteras en suelo europeo».

Durante los tres años siguientes, Sánchez Manzano colaboró como voluntario con organizaciones de ayuda a los migrantes, al tiempo que documentaba todo lo que veía y oía. El resultado de este trabajo es el libro Hostal Europa, publicado gracias al micromecenazgo a finales de 2018, en el que recoge las historias de un puñado de los migrantes y refugiados que malvivían en albergues de mala muerte en un barrio rebautizado como la pequeña Beirut en Sofía, la capital búlgara.

A pocos días de la visita del Papa a este país y a Macedonia del Norte, del domingo al martes, este extremeño espera que la presencia del Pontífice, como ocurrió en 2016 en la isla griega de Lesbos, sirva para llamar la atención sobre la situación de los migrantes en el este de Europa, en la llamada ruta de los Balcanes. Esta vía migratoria quedó cerrada en 2016, cuando los países de la región decidieron blindar sus fronteras. La decisión, además de dejar a miles de migrantes atrapados en la zona, redujo de forma drástica pero no total el número de personas que cruzan estas fronteras.

Una de las etapas del programa de Francisco será, el lunes, un centro de recepción de solicitantes de asilo en Sofía. En la actualidad, son cinco los lugares de este tipo, en los que viven en régimen abierto unas 500 personas (el 10 % de las plazas disponibles) mientras se tramita su solicitud. Organizaciones de derechos humanos como la ONG Comité de Helsinki han denunciado que, con la excepción del de Vrazhdebna en Sofía, que previsiblemente será el que visite el Papa, el resto de alojamientos incumple los estándares mínimos de habitabilidad, con problemas como el suministro irregular de agua caliente o la presencia de chinches en las camas.

«Alojamientos coercitivos»

No es la única preocupación de las entidades de derechos humanos. Devoluciones en caliente y coacciones de las Fuerzas de Seguridad para que los migrantes que cruzan la frontera (sobre todo afganos, iraquíes y sirios) vuelvan al lado turco; solicitudes de asilo que se tramitan sin asesoramiento legal para los solicitantes; falta de intérpretes; ausencia total de programas para promover la integración… En una carta oficial al Gobierno enviada en noviembre, la Comisión Europea advertía de que se estaba incumpliendo la legislación europea en lo relativo al apoyo específico a los menores no acompañados y otros grupos vulnerables y, sobre todo, al mantener detenidos a un número significativo de solicitantes de asilo.

Contemplada en la legislación búlgara como «alojamiento coercitivo» o «alojamiento temporal en centros cerrados», esta privación de libertad se empezó a tomar al inicio de la crisis de refugiados como una medida de emergencia «humanitaria» para resolver la falta de espacios para los recién llegados y facilitar el trabajo a la Administración. Con el tiempo, sin embargo, se ha normalizado. Según el informe Cruzando la línea roja, elaborado por el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (red que engloba a 95 ONG de toda Europa), en 2017, cuando solo entraron en el país ilegalmente 3.700 personas (muy lejos de las 20.390 de 2015), todavía se mantuvo detenido al 59 % de los solicitantes de asilo. Está por ver si la sentencia del Tribunal Supremo de lo Administrativo dictada en 2018 contra esta medida tiene algún efecto.

El país más pobre de la UE

La visita del Papa volverá a poner el foco en estas realidades. Previsiblemente, el Pontífice apelará, como hizo en marzo desde Marruecos, a la necesidad de solidaridad entre los países de Europa. Cada país –ha insistido con frecuencia– debe acoger según sus posibilidades de integración real. Y Bulgaria, a la cola de la UE en PIB per cápita (6.500 euros), con un salario mínimo de 184 euros y a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión (38,9 % de la población en 2017, además del 41,9 % de habitantes que vive en condiciones de hacinamiento), tiene menos margen de maniobra que otros países.

A esto se suma que la oleada migratoria –explica Sánchez Manzano– coincidió en 2013 y 2014 con una fuerte crisis política, con dos convocatorias electorales, cinco mociones de confianza y meses de protestas. En este contexto de pobreza y convulsión social, y en un país fuertemente nacionalista, se creó un caldo de cultivo para que los grupos de extrema derecha crecieran en presencia social. «Se crearon, por ejemplo, grupos de civiles que se dedicaban a ir a la frontera a rechazar a los inmigrantes que entraban», narra el periodista español. En 2017, la coalición de extrema derecha Patriotas Unidos, entró en el Gobierno del primer ministro conservador Boyko Borisov.

El laberinto de Dublín

El paisaje búlgaro no es acogedor para los inmigrantes y refugiados, y ellos lo saben. De hecho, el objetivo de la mayoría es quedar allí el menor tiempo posible. Como el Convenio de Dublín estipula que cada solicitud de asilo se tramite en el país de la UE donde primero se haya presentado, «hay personas que no piden asilo allí para continuar en cuanto pueden hacia otros países europeos y hacerlo en ellos», explica Sánchez Manzano. Otras salen del país en cuanto tienen algún tipo de documento, aunque sea temporal. De hecho, el 79 % de las 3.691 solicitudes de asilo que se tramitaron en 2018 se abortó, porque los solicitantes las interrumpieron o desaparecieron antes de su resolución. Algunos terminan volviendo, deportados desde otros Estados miembros de la UE. Y quedan atrapados en un país que poco puede ayudarlos y en el que, además –denuncia el Comité de Helsinki–, como penalización se les excluye de algunas de las (escasas) ayudas públicas.