Una ley particular para «tratar mejor a las víctimas» - Alfa y Omega

Una ley particular para «tratar mejor a las víctimas»

Miguel Campo, jesuita y miembro de la comisión antiabusos de la Conferencia Episcopal, insiste que una buena respuesta ante estos casos tiene que ser «jurídicamente correcta y pastoralmente acertada». Reconoció, además, que los responsables de la Iglesia en España no conocen suficientemente las consecuencias e implicaciones jurídicas de los abusos

Fran Otero
Los obispos españoles peregrinaron durante la Asamblea Plenaria al santuario del Corazón de Jesús en el cerro de los Ángeles. Foto: EP

El cambio de mentalidad que quiere el Papa en la Iglesia en materia de abusos a menores está llegando a España. La primera piedra será un decreto general emitido por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio español –es decir, para todas las diócesis, congregaciones religiosas y entidades de Iglesia–, siempre que el Vaticano lo autorice. Se trata de una ley general extraordinaria –solo se promulgaron seis en los 52 años de vida de la CEE– para «dar cauces para que personas que quieran denunciar o personas que conozcan abusos o encubrimientos también lo puedan hacer», según dijo Luis Argüello, secretario general y portavoz de los obispos. En la práctica, esta iniciativa, que surgió a propuesta de la comisión creada para la actualización de los protocolos eclesiales, supondrá la estandarización de las normas en todo el país.

Es también, abundó, el primer episcopado del mundo que solicita a la Santa Sede autorización para lanzar un decreto de estas características e irá acompañado de un directorio, elaborado por la citada comisión, que desarrollará con una mayor precisión las medidas que adoptar: cómo prevenir, cómo solucionar los casos, cómo atender a las víctimas del pasado y del presente, cómo tratar a los sacerdotes acusados… Según explicó Argüello, este espacio se ofrecerá también a otro tipo de víctimas de abusos, no solo de sacerdotes o clérigos, de modo que las puertas de la Iglesia estén abiertas para ellas. El portavoz episcopal reconoció, asimismo, que solo el hecho de trabajar en la elaboración del decreto y del directorio ya se está produciendo un cambio de mentalidad.

El proceso seguirá ahora los siguientes pasos: una vez el Vaticano dé su autorización, el decreto tendrá que ser aprobado en Asamblea Plenaria –el próximo mes de noviembre– y luego remitido de nuevo a la Santa Sede para su ratificación. Entonces, entrará en vigor.

Miguel Campo, jesuita y miembro de la citada comisión de la CEE sobre abusos, afirma en declaraciones a Alfa y Omega que esta ley particular para nuestro país «dotará de un instrumento más preciso para dar respuesta a los casos de abusos y tratar mejor a las víctimas». «Será obligatoria en todo el territorio y hará bien», añade.

El también asesor jurídico de CONFER participó el pasado sábado en la segunda jornada presencial del Curso de Protección de Menores que el Instituto Teológico de Vida Religiosa organiza en España en colaboración con el Centro de Protección de Menores de Roma. Su intervención, de carácter técnico, fue una aproximación a los aspectos jurídicos de los abusos teniendo en cuenta el derecho penal español y el derecho canónico. Campo reconoce que en la Iglesia española no se conocen suficientemente las consecuencias e implicaciones jurídicas de los abusos –como pudo comprobar en el diálogo con los asistentes– y reconoce que esto puede ser un problema a la hora de afrontar los casos. En su opinión, «las víctimas quieren que se le tomen en serio y, por tanto, tienen que tener un proceso jurídico serio». Dijo también que aunque la jurídica no es la única respuesta que hay que dar, «siempre debe estar». «Para que haya una buena respuesta tiene que ser jurídicamente correcta y pastoralmente acertada», añadió.

En los trabajos del día también participó la médico y psicoterapeuta Lourdes Azorín, que fuera secretaria general de Acción Católica. Se centró en el acompañamiento a las víctimas y a sus familias y dio cuatro pautas: poner nombre a lo que ha pasado, pues el menor debe conocer lo que ha vivido; recalcar que es una experiencia impuesta por poder, engaño o indefensión; reforzar a la víctima, y que la víctima pueda atribuir la responsabilidad de lo ocurrido al agresor.

La jornada comenzó por la mañana con una Eucaristía en el santuario del Corazón de María que presidió Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que advirtió ante la tentación del hombre de «arrancar la presencia de Dios de nuestra vida».

Apoyo a Reig Pla

En otro orden de cosas, la Conferencia Episcopal Español emitió a la conclusión de la Asamblea Plenaria una declaración de apoyo al obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, después de algunas informaciones en las que se acusaba al Centro de Orientación Familiar (COF) de la diócesis de ofrecer «cursos ilegales y clandestinos» para «curar» la homosexualidad. Desde la diócesis calificaron las informaciones de fake news y aclararon que lo único que se ofrece es acompañamiento espiritual, algo que refrendó el comunicado de los obispos.