El Papa endurece las leyes y normas del Vaticano contra los abusos a menores - Alfa y Omega

El Papa endurece las leyes y normas del Vaticano contra los abusos a menores

Firma un motu proprio, una nueva ley y un conjunto de orientaciones que entrarán en vigor el próximo 1 de junio y que establecerán, entre otras cosas, la obligación de denunciar un caso de abuso a menores o personas vulnerables cuando se tenga conocimiento de ello. Coloca la prescripción de estos delitos –en lo que se refiere a jurisdicción penal, no canónica– en los 20 años, a contar desde que la víctima cumpla 18, y ofrecerá un servicio de acompañamiento integral a los que han sido abusados. Todas estas medidas son de aplicación para el personal que trabaja en la Ciudad del Vaticano y para la Curia Romana

Fran Otero
El Papa Francisco, este viernes, en un evento organizado por la Penitenciaría Apostólica. Foto: AFP/Andreas Solaro

Dice el Papa Francisco que la protección de los menores y de las personas vulnerables es parte de la misión de la Iglesia. Pues bien, este viernes, tan solo un mes después de la reunión de presidentes de conferencias episcopales, ha dado un paso más en esta tarea con la publicación de una carta apostólica en forma de motu proprio, a la que acompañan una ley y un conjunto de orientaciones pastorales que suponen, de facto, un endurecimiento de los estándares de protección de la infancia en el ámbito del Estadio de la Ciudad del Vaticano y de la Curia Romana. Los tres textos han sido firmados por el Pontífice –es significativo, pues solo el motu propio requiere obligatoriamente la firma papal– y se convierten, en palabras de Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, en «indicaciones ejemplares que tienen en cuenta los parámetros internacionales más avanzados».

Las novedades que introduce el Papa en la legislación vaticana y que se recogen en el motu proprio y, de forma más detallada, en la Ley N. CCXCVII, son numerosas y muy importantes. En primer lugar, hay que precisar que en el texto se hace referencia a menores, pero también a adultos vulnerables, a los que otorga la misma consideración que los primeros. Así, a partir del 1 de junio, cuando entre en vigor la nueva ley, los delitos contra los menores podrán ser perseguidos de oficio y estos prescribirán en un plazo de 20 años –hablamos de las leyes penales del Estado del Vaticano, no de las canónicas– a contar desde que la víctima cumpla 18. Otra novedad tiene que ver con los funcionarios que no denuncien casos de abusos que hayan podido conocer, pues están obligados a ello en el menor tiempo posible.

Además de medidas de protección durante los procedimientos penales, investigaciones y juicios, se incorpora la oferta de un servicio de acompañamiento a las víctimas dentro de la Dirección de Sanidad e Higiene, que coordinará un «experto cualificado». Un servicio que ofrecerá escucha, garantizará la asistencia médica y social a la víctima y a sus familiares, así como la terapéutica y espiritual; también le informará de sus derechos y del modo de hacerlos valer y tendrá en cuenta las opiniones y el parecer de las víctimas.

Hay que destacar también las medidas adoptadas para la selección del personal del Estado del Vaticano y de la Curia, pues a partir de ahora, deberá ser acreditada la idoneidad de un candidato cuando vaya a relacionarse con menores o con adultos vulnerables.

«Deseo una comunidad respetuosa y consciente de los derechos y necesidades de los menores y de las personas vulnerables, y atenta a prevenir toda forma de violencia o abusos físico o psíquico, de abandono, de negligencia, de maltrato o de explotación que puedan surgir; una comunidad madura, consciente del deber de denunciar los abusos a la autoridad competente y de cooperar con esta en la prevención y lucha. […] Que ofrece a las víctimas y a sus familias un cuidado pastoral apropiado, así como un apoyo espiritual, médico, psicológico y legal», resume el Papa Francisco en la carta apostólica.

Orientaciones pastorales

Además de los cambios legislativos, el Papa firma una serie de orientaciones pastorales dirigidas a las personas que trabajan con menores en la Ciudad del Vaticano. «Pueden parecer como un documento breve en comparación con textos similares de algunas conferencias episcopales, pero hay que recordar que solo hay dos parroquias en el Vaticano y que solo viven unas pocas docenas de menores. Las orientaciones se dirigen a los sacerdotes, diáconos y educadores del preseminario san Pío X; a los párrocos y coadjutores de las dos parroquias, a los religiosos y religiosas que residen en el Vaticano, así como a todos aquellos que trabajan en cualquier cargo, individual o asociado, dentro de la comunidad eclesial de la Ciudad del Vaticano», explica Andrea Tornielli.

Son medidas que ya se vienen aplicando en otros contextos y de carácter general, cuyos ingredientes fundamentales son el respeto y la prudencia. Por ejemplo, se insiste en la necesidad de que estas personas se mantengan siempre visibles cuando estén en presencia de menores, el respeto a la esfera íntima de los menores, o ser prudente en la comunicación con los menores, ya sea por vía telefónica o por redes sociales. Se especifica, además, que está prohibido infligir castigos corporales, tener una relación preferencial con un menor, pedirle que guarde un secreto o fotografiarlo y filmarlo sin la autorización de sus padres.

Esta iniciativa papal ha sido muy bien recibida por dos de las figuras más importantes en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia: el arzobispo de Malta y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna; y el presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, el padre Hans Zollner, que ofrecieron declaraciones a Vatican News. Scicluna, además de poner en valor cuestiones técnicas, dijo que le agrada mucho «el énfasis en los derechos de las víctimas» y el hecho de que no solo existe la obligación de denunciar, sino que también hay «indicaciones legales y pastorales muy claras para ayudar a las víctimas». Por su parte, Zollner comenta dos características, a su juicio, interesantes: «Una es que se amplía el grupo de personas que están protegidas de una manera particular, porque la fórmula de «personas vulnerables» amplía la definición y también incluye a las personas que hasta ahora no habían sido equiparadas con menores. El segundo punto se refiere a la obligación de informar. Este documento puede ser un fuerte estímulo y un modelo para aquellas entidades, ya sean conferencias episcopales u organismos religiosos y congregaciones que aún no han redactado y aprobado sus directrices».

Tras la publicación de estos documentos, ya solo queda que salga a la luz el vademécum antiabusos para toda la Iglesia universal anunciado el pasado mes de febrero tras la cumbre de presidentes de la Conferencias Episcopales.