El Gobierno deja fuera la clase de Religión - Alfa y Omega

El Gobierno deja fuera la clase de Religión

Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede son claros: la asignatura de Religión debe ser oferta obligatoria de los centros, y en igualdad de condiciones con otras asignaturas. Sin embargo, el Gobierno ultima un Real Decreto que reinterpreta la norma: en Bachiller, los centros podrán no ofertarla, aunque los padres la pidan

José Antonio Méndez

«Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la Religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla. Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar». Éste es el texto del artículo II de los Acuerdos internacionales suscritos entre la Santa Sede y el Estado español, firmados en enero de 1979. De su lectura, se entiende que la clase de Religión debe ser ofertada de forma obligatoria en todos los tramos educativos -tal y como se ha seguido interpretando en las sucesivas reformas educativas en España-, para que sean los padres y los alumnos quienes elijan si quieren o no cursarla.

Sin embargo, según ha podido confirmar Alfa y Omega, el Ministerio de Educación ultima un Real Decreto por el que, en Bachillerato, la clase de Religión deja de ser de oferta obligatoria, incluso aunque en años anteriores las familias la hayan elegido. El Gobierno del PP, por tanto, sería el primer Ejecutivo de la democracia que permite expulsar la clase de Religión confesional -católica, judía, musulmana o protestante- del horario de Bachillerato.

La justificación que dan desde el Ministerio es que, cuando existía el BUP, los alumnos concluían su escolarización a los 16 años, edad en que ahora se concluye la ESO. De ahí que se reinterprete que el criterio es la edad, en lugar de los tramos escolares que aparecen en el Acuerdo.

La decisión del Ministerio, que se dará a conocer en las próximas semanas, llega después de que los obispos gallegos y andaluces hayan recordado, en sendos comunicados, que «la enseñanza religiosa en los centros escolares no es ni una imposición de la Iglesia ni una concesión benévola del Gobierno -como señalan los obispos de Galicia-, sino el requisito de una escuela de calidad y el derecho que tenéis vosotros, como padres cristianos». Y la Asamblea de Obispos del Sur de España también ha denunciado los abusos contra la enseñanza concertada y diferenciada, y ha reclamado «una política educativa que sea motor de la sociedad y respetuosa con el derecho de las familias a elegir la educación acorde con sus convicciones».

Los obispos del Sur, además, han lamentado que, en Melilla -donde el Ejecutivo conserva las competencias educativas-, el Gobierno haya establecido sólo un mínimo de 45 minutos a la semana para esta asignatura, y han expresado su «disgusto por el tratamiento que el Gobierno de España ha concedido a la asignatura de Religión en la LOMCE», pues «no ocupa el lugar que legal y culturalmente le corresponde».