El gobierno califica de «especulaciones infundadas» los temores de la escuela concertada

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado que desde el Gobierno haya un ataque o una amenaza a la escuela concertada. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre su reciente comparecencia en el Congreso, donde anunció que cambiaría el artículo 109 de la Lomce, que fija que uno de los criterios para la programación de plazas en concertadas es «por demanda social». La ministra entiende que esta formulación puede «propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Celaá iba preparada para esta pregunta, y de hecho leyó una parte de su intervención en la Cámara Baja para recalcar que dijo que la red de centros concertados también forma parte del servicio público educativo y que estos centros «desempeñan una función social». «Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales», abundó.

La también portavoz del Ejecutivo negó que de esas palabras pueda deducirse que este Gobierno vaya a «atacar, retirar y resolver los conciertos o la red concertada», calificando estas reacciones de «especulaciones infundadas».

Lo que sí sostiene el Ejecutivo, dijo, es que la red pública «ha de ser el referente del sistema educativo» por «una razón muy sencilla»: «porque si la persona tiene el derecho fundamental constitucionalmente reconocido a ser educado, ese derecho solo con garantía puede ser prestado por la Administración pública». «La enseñanza concertada por su propia naturaleza se oferta libremente» y «puede estar en algunas zonas o puede no estar, pero en el ejercicio de su libertad». «Retirar el término de demanda social significa eso»: reconocer que «la enseñanza pública es la obligación de la Administración pública y por tanto tiene que estar», mientras que «la concertada es libre de estar».

Preocupación de Escuelas Católicas

Para Escuelas Católicas, sin embargo, los anuncios del Gobierno muestran que «tiene la clara intención de reducir la presencia de escuelas concertadas e imponer las públicas».

El secretario general de la organización, José María Alvira, decía el jueves en el programa Herrera en Cope que la presencia de la concertada responde al derecho de las familias de elegir «el tipo de educación que quieran», lamentando a la vez que se quiera contraponer artificialmente los dos tipos de educación. También la concertada quiere una «educación pública que sea buena para el país»; únicamente rechaza que la escuela estatal se quiera imponer como modelo único.

Con respecto a la medida anunciada de que la asignatura de religión deje de ser evaluable, Alvira subrayó que, de ese modo, perdería su seriedad y «valor académico».

El secretario general de Escuelas Católicas resaltó además que esta materia «no trata de convertir o de hacer catequesis», sino de «ahondar en las preguntas fundamentales de las personas y las respuestas de las religiones».

«Son las familias —recordó— las que pueden elegir» el tipo de formación moral y religiosa que prefieren en ejercicio de sus derechos.

Agencias / Redacción