El Servicio Jesuita de Migrantes pide el cierre de los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) considera que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) suponen un «Sufrimiento inútil». Así se titula el último informe de la organización, con datos de 2017, en el que se denuncia la vulneración de derechos humanos, tanto por las condiciones y la falta de instalaciones adecuadas, como por el internamiento de personas que precisan protección, tales como posibles víctimas de trata o menores.

La demanda que hacen los jesuitas es que España cierre estos CIE. Pero mientras tanto exigen que, al menos, se cumpla en ellos la ley y se «protejan y garanticen los derechos de los migrantes en situación irregular».

«Espacios de desprotección»

Con datos del Ministerio de Interior, se expone que a lo largo del pasado año, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular. Las autoridades iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, de las que se repatriaron a 9.326 personas, el 44 % directamente desde los CIE (4.107).

«España acoge a quienes llegan a sus costas con la detención, el internamiento y la rápida repatriación», ha lamentado Carmen de la Fuente, vicepresidenta de esta organización jesuita, quien ha destacado que el 86 % de las 8.814 personas que fueron internadas en un CIE estaban en proceso de devolución por entrada ilegal.

«Los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de las personas vulnerables y sus necesidades de protección», prosiguió De la Fuente.

En 2017, fueron internadas 1.217 personas más que en el año anterior y el periodo medio de internamiento se alargó en 2,16 días más, hasta llegar a los 26,63 días de media de estancia de los extranjeros en los centros.

El perfil de las personas que trasladan a un CIE es un varón joven africano: argelinos (31 %), marroquíes (18 %) y costa marfileños (13,78 %); hay otro grupo de Guinea, Gambia, Camerún, Mali, Guinea-Bissau y Burkina Faso, que forman otro 21 %.

«Es necesaria un política migratoria que ponga el acento en la acogida, flexibilizando los visados para que estas personas puedan construir un proyecto propio y una inversión en centros, pero no de detención, sino de ayuda humanitaria», dijo la responsable del Servicio Jesuita de Migrantes.

«El sufrimiento es inútil y lo hemos encontrado en todos y cada uno de los CIE que visitamos», añadió, rechazando también «la opacidad y la impunidad policial con la que se actúa» en esas instalaciones.

«Fraude de ley» en Archidona

El Servicio Jesuita a Migrantes, organización dedicada a la ayuda y acompañamiento a migrantes y refugiados en centros de detención y de internamiento, evalúa en su investigación los centros de Algeciras, Tarifa, Madrid, Valencia y Barcelona.

Se presentaron 1.381 solicitudes de asilo desde los CIE (611 más que en 2016), de las que se admitieron a trámite 395, un 28,6 %.

El autor del informe, Josep Buades, criticó en particular la situación de «fraude de ley» del centro penitenciario (aún sin estrenar) de Archidona (Málaga), que fue «una mala respuesta» ante una situación de emergencia. El centro se cerró tras el suicidio de un interno, entre acusaciones de malos tratos previos.

El responsable en Europa de esta ONG, José Ignacio García, subrayó que «el internamiento de extranjeros es una zona gris en nuestra sociedad y en Europa lo es y se aplica de forma muy diversa según los países, un centro de detención de Rumanía es diferente a uno de España».

El experto europeo vaticinó «un futuro bastante peor que el presente, más personas en los centros y con condiciones más penosas y de asistencia más escuálida».

Personas vulnerables y desprotegidas

Ana Bosch, del grupo de trabajo de los CIE, relató que, a pesar de las trabas que ponen algunos centros, realizaron visitas a 674 personas de 42 nacionalidades en los CIE para hacer labores de acompañamiento «identificando y ayudando a personas vulnerables y desprotegidas».

«Nos encontramos con personas con algún tipo de enfermedad mental, con problemas físicos, también personas susceptibles de solicitar asilo, víctimas de trata y menores de edad», aseguró.

La abogada de Pueblos Unidos, Marta Sánchez-Briñas, detalló casos detectados de personas que no debían estar internadas, como el una personas ciega, de origen argelino, que precisaba de una segunda persona de acompañamiento o un menor que tras presentar el documento de identidad original le notificaron su expulsión, que fue anulada por la gestión de esta ONG.

Efe / Redacción