El Constitucional avala las subvenciones públicas a colegios de educación diferenciada - Alfa y Omega

El Constitucional avala las subvenciones públicas a colegios de educación diferenciada

El fallo del TC rechaza el recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE, que no solo pretendía acabar con la subvención pública de los colegios de educación diferenciada, también buscaba que la asignatura de Religión dejara de ser una alternativa obligatoria. El Tribunal Supremo se pronunció en mayo en el mismo sentido

Redacción
Foto: Roldán Serrano

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes que se subvencione a los colegios de educación diferenciada. Así lo ha establecido al rechazar el recurso que había presentado el PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.

El recurso socialista, presentado en marzo de 2014, no solo pretendía acabar con la subvención pública de los colegios de educación diferenciada, también buscaba que la asignatura de Religión dejara de ser una alternativa obligatoria.

El Alto Tribunal ha cerrado la puerta a todas estas propuestas con ocho votos a favor y cuatro en contra. De esta forma, el TC apoya que este tipo de colegios puedan recibir financiación pública, porque «en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto».

En sintonía con el Supremo

Con el fallo, el TC respalda la opinión del Tribunal Supremo, que en mayo ya reconoció la «compatibilidad de los sistemas de educación diferenciada por sexo con el principio de igualad» y que su constitucionalidad «no suscitó dudas durante la aplicación del marco normativo previo a la LOE, ni las suscita ahora».

En aquella ocasión, el Supremo se pronunció tras el recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía, que reclamaba que se dejara sin validez otra sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anulaba su orden de Gobierno que retiraba los fondos a un centro de Sevilla.