Refugiados a la intemperie

Racismo, eso apenas ha habido en España. Nada que ver con reacciones xenófobas como las que se han producido en otros países de Europa. Pero «evidentemente, sí que hay discriminación. A la hora de buscar vivienda, muchísima. Cuando te escuchan el acento, cuando ven que no manejas bien el español…». Y en las entrevistas de trabajo, más de lo mismo, como les sucede a «las personas migrantes en general».

Este es el diagnóstico de un trabajador de una organización social entrevistado para el informe ¿Acoger sin integrar?, en el que la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de Deusto y el Servicio Jesuita a Migrantes exponen las debilidades del sistema español de acogida a personas solicitantes de asilo y protección internacional a partir de 44 entrevistas con solicitantes de asilo y otras 33 con funcionarios y responsables de ONG.

Tras verse inicialmente desbordado por el estallido de la crisis de refugiados, el Gobierno hizo a partir de mediados de 2015 un esfuerzo por abrir la mano. Pese a todo, en 2016 España solo acogió al 1,29 % de los refugiados que entraron en la UE, una proporción muy alejada de su peso en Europa, que contrasta con el 34,4 % de Alemania. Incumpliendo además los compromisos firmados con sus socios comunitarios, ya de por sí más bien timoratos.

Pero además de escasos, los recursos no siempre están bien invertidos. El informe –presentado el 17 de febrero en la Universidad Pontificia Comillas– denuncia la falta de coordinación entre administraciones o la ausencia de una línea política clara (ni siquiera existe un desarrollo reglamentario de la Ley de asilo de 2009).

Uno de los solicitantes de asilo entrevistados relata que «cuando sales [del centro de alojamiento], aquí comienzan los problemas». Agotadas las ayudas de los primeros doce meses (a los que se añaden otros seis en casos de especial vulnerabilidad), la persona queda abocada a la exclusión social ante contingencias nada improbables como la pérdida de su empleo, a menos que una ONG se haga cargo de ella.

El informe cuestiona la excesiva rigidez de las fases del proceso de integración, elaboradas desde una mentalidad burocrática, al margen de las necesidades reales del refugiado. Destaca en este sentido el problema de las trabas a la homologación de títulos y estudios. Llegan con licenciaturas universitarias el 20 % de los refugiados (el porcentaje es mayor en colectivos como el sirio), pero es prácticamente misión imposible la convalidación. «Esto es una pérdida para todos, para la población afectada y para la economía española en general», dijo en la presentación del informe Juan Iglesias, director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos.

Alemania como ejemplo

Jamil Sawas llegó a España poco antes del estallido de la guerra en Siria. Hoy estudia Medicina en Córdoba. Buena parte de su familia emigró al norte de Europa huyendo de las bombas. Uno de sus hermanos, de 22 años, reside hoy en Alemania. Se jugó la vida para cruzar a Grecia desde Turquía con una tía y tres primas menores, la pequeña de solo 5 años. El resto de la ruta la tuvo que hacer casi toda a a pie. La hostilidad que encontró en la Policía de países como Hungría y la presencia amenazadora de mafias que «secuestran menores» fueron una auténtica pesadilla. Pero mereció la pena.

«Al principio, también Alemania se vio desbordada por la llegada masiva de refugiados». La diferencia es que reaccionó. «No existe allí un límite de doce meses en las ayudas. El proceso se basa más bien en objetivos. Primero se enseña a conciencia el idioma. Después, se da formación a las personas o se las ayuda a homologar sus títulos. Y por último, se trabaja para la inserción laboral, de modo que todo el mundo pueda generar sus propios ingresos y pagar sus impuestos», relata Jamil Sawas.

La situación contrasta con España, donde, por ejemplo, «la mayoría de los cursos de idioma son impartidos por voluntarios. Lo hacen de muy buena fe, pero no hay un temario claro ni una metodología. Y muchos abandonan al cabo de poco tiempo», lo que supone tener que volver a empezar con un nuevo profesor», asegura Jamil, que ha ejercido de profesor de español voluntario.

A su hermano, que dejó sin acabar sus estudios en Siria, «se le dio en Alemania la oportunidad de empezar una formación profesional, probando una semana en cada curso hasta decidirse por el que le gustara más». En España, por el contrario, «todavía no he conocido a un solo refugiado que haya logrado terminar los trámites para convalidar su título», asegura. Muchos ingenieros o médicos acaban viéndose obligados a encadenar trabajos precarios con períodos de desempleo, normalmente compartiendo piso en viviendas hacinadas. Cuanto más elevada es la formación, más fuerte también el deseo de «marcharse en cuanto puedan a un país del norte de Europa que les permita ejercer su profesión».

Otro punto más en el que su diagnóstico coincide plenamente con el del informe ¿Acoger sin integrar? es la debilidad de las redes de apoyo. En ciudades como Granada o Madrid, asegura, la comunidad siria ofrece una importante ayuda inicial a los recién llegados, que no conocen el idioma y se ven desbordados por los trámites burocráticos. «Eso está muy bien, pero el objetivo de la integración –dice Jamil– debería ser poner en contacto a los refugiados con gente de aquí, y eso no está ocurriendo. Terminan relacionándose solo con otras personas que atiende cierta ONG, no se cruzan en ningún momento con nativos».

Constancia y profesionalidad

Como ejemplo de la importancia de las informales de apoyo, el jesuita Pep Buades señaló el caso de la comunidad siria cristiana en Valencia, que ha ayudado a otros muchos sirios a asentarse, o el de las comunidades islámicas de Andalucía, con las que a menudo colabora el Servicio Jesuita a Migrantes, como cuando es necesario buscar un alojamiento de urgencia.

Sin embargo, «las posibilidades de salir adelante para la persona aumentan cuando se inserta en otras redes vecinales, culturales…», además de «en su red comunitaria o religiosa». Ahí juegan un papel importante iniciativas como los grupos de personas que han acogido en sus casas durante unos días a los refugiados recién llegados.

Buades, no obstante, advierte de que, aunque este compromiso ciudadano es muy valioso, hace falta «un filtrado» para garantizar la continuidad y la profesionalidad en la integración. «Se trata de trabajar con refugiados, no de salvar refugiados», afirma un responsable entrevistado para el informe. «La idea no es Ponga un refugiado en su vida», prosigue. «Tienes que saber que un día bien, pero que al siguiente va a salir todo el malestar». «Ya empiezan a llegar llamadas de gente que lo ha hecho con muy buena voluntad, pero sin preparación».

Por ello, al tiempo que aboga por la potenciación de espacios «formales e informales de conocimiento y encuentro directo a nivel local y vecinal entre la población refugiada, inmigrante y nativa», el informe es muy claro sobre la necesidad de un marco en el que queden claras los compromisos que asume la Administración y el papel de las organizaciones sociales. Solo así –se argumenta– podrá cambiarse un modelo que se dedica a «poner parches», por otro de integración efectiva en el que la crisis de refugiados se convierta en una oportunidad para todos.