Jerusalén y la sombra del apartheid - Alfa y Omega

Jerusalén y la sombra del apartheid

El 70 aniversario de la creación del Estado de Israel tendrá un regusto amargo mientras no se respeten los derechos de la población palestina

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Foto: EFE/Jim Hollander

Jerusalén no es una ciudad disputada por cristianos, musulmanes y judíos. Peregrinos de las tres religiones conviven sin problemas en la Ciudad Santa, y si las relaciones entre los habitantes de las diferentes comunidades son tensas, ello se debe a razones políticas. En 2018 se cumplen 70 años de la creación del estado de Israel, por la cual se reconocía por fin al pueblo judío el derecho a regresar a su antigua patria e incluso al mero hecho de existir. La efeméride tendrá inevitablemente un regusto amargo, ya que siguen sin respetarse los derechos de la población palestina que habitaba esas tierras en 1948. La solución internacionalmente aceptada de los dos estados queda aún más lejos con la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén (reclamada por las dos partes) como capital de Israel, cuyo Gobierno –de marcado signo nacionalista– torpedea por todos los medios un Estado palestino viable. Estas políticas van en detrimento del propio interés de Israel, abocado más pronto que tarde a un régimen de apartheid. La única opción viable para conservar el carácter hebreo del «Estado-nación judío» (fórmula que quiere consagrar el primer ministro Netanyahu en una reforma constitucional, ante el crecimiento de la población árabe) es dar una respuesta a las legítimas demandas palestinas.

Pero si el apartheid es un modelo político que institucionaliza la privación de derechos a una parte considerable de la sociedad por criterios étnicos o raciales, sería hipócrita no reconocer que su sombra sobrevuela hoy buena parte del planeta, incluida Europa. Sometida por los desequilibrios económicos y demográficos a fuertes presiones migratorias, la Unión ha adoptado unas políticas restrictivas sin precedentes. Tras esmerarse en construir muros y privar del derecho a una nacionalidad a los niños nacidos en su suelo de padres extranjeros, España y la mayoría de países comunitarios han seguido recortado derechos básicos de los inmigrantes. A ello ha seguido la criminalización de activistas humanitarios que defienden a estas personas, acusados en muchos casos de complicidad con las mafias. Es una deriva preocupante, ante la que es necesario alzar la voz para que no se consolide un modelo de sociedad profundamente injusto.