Cáritas denuncia el internamiento de inmigrantes en la cárcel de Archidona

La llegada de más de 500 personas de origen extranjero mediante patera a las costas murcianas y la decisión de internarlas en la prisión de Archidona (Málaga) «nos parece contraria al marco legal establecido en España», señalan desde Cáritas, y solicitan al Defensor del Pueblo «que inste al Ministerio del Interior y al Gobierno la puesta en libertad» de estas personas.

La vigente Ley de Extranjería establece de forma reiterada el carácter no penitenciario de los centros de internamiento, por lo que, afirman desde la institución, «utilizar una prisión nos parece un incumplimiento flagrante por parte de quien, no solo tiene la obligación de ejecutar expedientes sancionadores, sino que tiene que hacerlo conforme al marco vigente en materia de Derechos Humanos».

Si bien, una de las razones que podría justificar una orden de habilitación de centros temporales ante una situación de emergencia podría ser la falta de plazas en los centros de internamiento que ya existen «no consta que, en este caso, se haya intentado el traslado a otros centros de internamiento del Estado».

Cáritas indica que «se podían haber tomado otras decisiones más respetuosas con nuestro marco jurídico, pero también más respetuosas con los derechos humanos de las personas internadas, que tras un tránsito traumático como es el viaje migratorio, se encuentran en una prisión como si hubieran cometido un delito». Y lamenta «el impacto mediático que esta medida tiene sobre la sociedad española» que configura un imaginario común dónde la persona extranjera, «que no ha cometido ningún delito, es criminalizada».

De nada sirve invertir recursos humanos y económicos en la prevención de delitos de odio, en políticas antidiscriminación, «esfuerzo en el que nos consta está implicado el Ministerio del Interior, si por otro lado se incumple el marco jurídico vigente y se acompaña de un discurso público que favorece la discriminación», concluyen.

Cáritas Española / Redacción