Hay un claro sustento legal para la educación diferenciada en España, y el Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que no puede considerarse discriminatoria: dictaminó que los poderes públicos no pueden imponer un modelo único a todas las escuelas del país; pueden hacerlo con las escuelas públicas, pero ampliarlo a todos iría contra la pluralidad exigida por la Constitución.
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