El Defensor del Pueblo pide mejorar las condiciones de los migrantes - Alfa y Omega

El Defensor del Pueblo pide mejorar las condiciones de los migrantes

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado que hay 13 internos que afirman ser menores de edad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Asimismo, reclama mejoras en la asistencia y acogida a las personas que llegan en patera

Redacción

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha realizado esta semana una visita no anunciada al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ante la sospecha de que cuatro internos de Guinea, liberados el pasado 28 de julio, eran menores de edad. «Si son menores no tiene mucho sentido que estén en un centro de esta naturaleza», ha declarado Marugán a la agencia de noticias Europa Press. La ONU también ha pedido a España que aplique medidas cautelares de protección con otros cuatro posibles menores extranjeros a los que estaría tratando como adultos.

Por otro lado, durante la inspección del centro, el Defensor del Menor comprobó que conviven internos recién llegados a España en patera con otros extranjeros que han salido de prisión y que están a la espera de su expulsión, circunstancia que ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones. «Hay una masa y una mezcla heterogénea, porque hay personas que vienen de las pateras, hay gente que tiene alguna sanción administrativa y en algunos casos algún tipo de delito de menor entidad» ha asegurado Marugán, que también ha subrayado que estas personas tienen que convivir «intensamente» durante 60 días en unas instalaciones que «no son las más adecuadas».

Además, la institución ha advertido de que «falta asistencia sanitaria permanente» y que hay «carencias» en la asistencia social que, en su opinión, debería ser asumida por personal especializado ajeno a la policía.

Mejoras en la asistencia y acogida a las personas que llegan en patera

Marugán también ha pedido esta semana que se mejore la asistencia y acogida a las personas que llegan en situación irregular a las costas españolas. Para el Defensor del Pueblo, la asistencia jurídica ha sido siempre un elemento fundamental para el ejercicio efectivo de sus derechos más básicos, por eso considera «necesario que los Colegios de Abogados velen por la calidad del servicio que prestan los letrados adscritos al turno de oficio de extranjería». Así, «aboga por una formación especializada en esta materia que les permita detectar personas especialmente vulnerables como menores, víctimas de trata o solicitantes de asilo».

Por otra parte, en 2016, el Defensor del Pueblo recomendó la elaboración de un protocolo de actuación para los supervivientes de naufragios que incluyera asistencia psicológica especializada ya que considera que debe prevalecer la condición de víctimas de estas personas. Para la Institución «las dependencias policiales o los centros de internamiento de extranjeros en los permanecen largo tiempo no reúnen las condiciones adecuadas para recibir una atención que mejore su situación psicológica». El Ministerio del Interior rechazó esta recomendación.

El Defensor del Pueblo recuerda «la importancia de dar prioridad a la atención de mujeres embarazadas y menores».Además solicitó que mujeres embarazadas, niños y niñas sean alojados en centros de protección social públicos o de entidades como Cruz Roja, evitando su privación de libertad.

Condiciones inadecuadas en Barajas

Marugán también ha realizado una visita no anunciada a la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha alertado de que la capacidad de estas dependencias «no son las adecuadas» para el número de personas que albergan y que la comida «tampoco es la adecuada» a la vista del tiempo que se prolonga la privación de libertad, tal y como recoge Europa Press.

La institución también ha denunciado que las condiciones de la sala son «especialmente gravosas» para menores, mujeres embarazadas y personas enfermas, y considera que el protocolo que se sigue para la identificación y traslado de los menores extranjeros no acompañados ha de ser revisado y se debe mejorar la coordinación con la Fiscalía General del Estado.