Las confesiones religiosas critican «la sumisión de los partidos al lobby gay»

Combatir los discursos de odio y la discriminación contra las personas homosexuales es necesario, pero no puede hacerse a costa de censurar la libertad de expresión de las confesiones religiosas sobre su concepción de la familia.

El Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, estudiará si la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI), presentada en mayo de forma conjunta por los grupos de la oposición, vulnerara el derecho a la libertad religiosa.

La propuesta partió de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y contó con el apoyo de las demás confesiones presentes en la Comisión: la Iglesia católica, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Comunidades Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa de España.

Amenazas a la libertad religiosa

La FEREDE, tras dejar claro su apoyo a «la lucha en contra de toda forma de discriminación y violencia», pedía que se estudien las «eventuales vulneraciones a la libertad religiosa» que podría provocar esta proposición de Ley registrada en mayo por Unidos Podemos con las firmas de la oposición y que irá al Pleno del Congreso a partir de septiembre.

Los cristianos evangélicos manifiestan su «seria preocupación» por las «consecuencias» tanto de esta proposición de ley como de las leyes autonómicas aprobadas en los últimos años para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI.

Todas estas normas, según la FEREDE, no se limitan a proteger frente a la discriminación, sino que «se posicionan» a favor del colectivo LGTBI «promoviendo sus postulados ideológicos» que, en todo caso, consideran «respetables», pero no hasta el punto de que pueda ser «sancionada desde la ley y el poder público cualquier discrepancia frente a los mismos».

«Manifestamos nuestra preocupación —añaden los protestantes— por el apoyo explícito que estas normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley».

Son normas que rompen «la neutralidad debida de las Administraciones Públicas», según la Ferede, y que, en algunos puntos, «vulneran el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución», como «el derecho a la libertad e identidad religiosa y el derecho a la educación de los hijos conforme a las propias creencias».

Próximos pasos

La propuesta de la FEDERE fue aprobada en el transcurso de una reunión el 13 de junio presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El Pleno de la Comisión —formada por un tercio de miembros de la Administración, un tercio de representantes de las confesiones con notorio arraigo y un tercio compuesto por expertos de reconocido prestigio— designó a dos expertos miembros de la Comisión Asesora y ajenos al tercio de la Administración para que elaboren una ponencia.

Europa Press / Redacción