Sin papeles, no hay sanidad pública - Alfa y Omega

Sin papeles, no hay sanidad pública

Mientras que en Madrid se aplica ya la medida que limita el acceso de la población inmigrante sin residencia legal a la sanidad, otras Comunidades Autónomas retrasan su puesta en marcha. Organizaciones que trabajan con los inmigrantes hablan de «una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos»

Cristina Sánchez Aguilar

Madrid ha comenzado a aplicar la medida, aprobada por el Gobierno, de limitación de acceso de la población inmigrante a la sanidad: los inmigrantes empadronados, pero sin residencia legal, no podrán tener la tarjeta sanitaria, lo que restringe la posibilidad de acceder al sistema sanitario y deja, como única vía, acudir a urgencias.

Desde que la medida saltó a la palestra, se han sucedido las denuncias, como la de la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes de Cataluña, que pidió a través de un comunicado, al Gobierno que «rectifique su decisión de dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal y que continúe ofreciendo asistencia médica a todas las personas que lo necesitan».

La plataforma, en la que se integran entidades como Cáritas, Cristianismo y Justicia, la Unión de Religiosos de Cataluña, o Pastoral Obrera de Barcelona, entre otras, considera la medida «de dudosa constitucionalidad» y «una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos», ya que la asistencia médica está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dejar sin ella a una persona «pone también en peligro su derecho a la vida y es un desprecio a su dignidad humana». Al mismo tiempo, recuerdan que «acrecienta la precariedad que ya sufren las personas inmigrantes en España y conforma un factor de inseguridad y estigmatización de los extranjeros».

La ministra de Sanidad, doña Ana Mato, ha respondido, ante este tipo de críticas, que aquellos inmigrantes en situación irregular, infectados por el virus del sida, o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria «cubierta» a través de convenios entre las comunidades y organizaciones de apoyo a esta población. «Todas las Autonomías tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular, para que también se les pueda atender en Atención Primaria»; por tanto, según apuntó en una entrevista en RNE, «no va a quedar nadie desatendido en España».

El impacto que tendrá la medida todavía no está claro; pero, por ejemplo, si en enero de 2012, había en Madrid, según datos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma, 1.047.174 extranjeros empadronados -alrededor del 16 % de la población- y 902.816 tenían la tarjeta de residencia, la medida podría dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas, sólo en la capital.