Estados Unidos: sigue la lucha por la libertad religiosa

La Iglesia católica no quiere la abolición total de la reforma sanitaria promovida en Estados Unidos por el Presidente Barack Obama. Lo aclararon los obispos norteamericanos, en una nota tras la sentencia del Tribunal Supremo. En ella se recuerda que la Iglesia ha sido la gran defensora, históricamente, de una cobertura sanitaria universal. Lo que ahora rechaza es que, con esa ley, se obligue a contratar seguros médicos que den cobertura al aborto, la anticoncepción o las esterilizaciones.

En primer lugar, los obispos denuncian que la reforma «permite el desembolso de fondos federales para pagar abortos»». Además, la ley no protege la libertad de conciencia, de quienes rechazan la esterilización o los anticonceptivos, «incluyendo medicamentos abortivos». Por último, la reforma no sólo no mejora, sino que empeora la situación de los inmigrantes sin papeles, pues no les permite contratar, «aun por su cuenta», un seguro médico.

Por estos y otros motivos, la Iglesia, titular de la mayor red asistencial del país, anuncia que la lucha sigue. «La decisión del Tribunal Supremo no disminuye la importancia moral de asegurar un acceso digno a los cuidados de salud para todos, ni elimina la necesidad de corregir los fallos fundamentales ya descritos», dice la nota de los obispos.

Ésta es la nota íntegra de los obispos:

«Hoy [jueves 29 de junio] la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que ratifica como un impuesto una cláusula del Acta de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que exige a los individuos la compra de un plan de salud -conocido como el mandato individual-.

Durante casi cien años, los obispos católicos de los Estados Unidos han sido y continúan siendo constantes defensores de una reforma integral de la atención sanitaria para asegurar el acceso a cuidados de salud dignos para todos, especialmente los más pobres y vulnerables. Aunque la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) no ha participado en estos casos [ante la Corte Suprema] y no ha adoptado una posición en las cuestiones específicas presentadas al Tribunal Supremo, la postura de la USCCB sobre la reforma del sistema de salud en general, y en particular sobre ACA, es un asunto de dominio publico. Los obispos, a la larga, se opusieron a la aprobación final de ACA por varias razones.

Primero, ACA permite el desembolso de fondos federales para pagar por abortos opcionales y para planes de seguro que cubren esos abortos, contradiciendo reglamentos federales previamente establecidos. El riesgo que identificamos en esta área ya se ha materializado, particularmente en la aprobación inicial por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de grupos de individuos de alto riesgo que tenían poco acceso a seguros y que tendrían acceso a abortos.

Segundo, el Acta no incluyó el lenguaje necesario para proveer protecciones esenciales para el ejercicio de la conciencia en y más allá del contexto del tema del aborto. Hemos presentados análisis extensivos sobre los fallos de ACA con respecto a los abortos y la conciencia. La falta de protecciones a los derechos de conciencia establecidas por ley, aplicables a los nuevos preceptos de ACA, se han ilustrado de manera extensa por el mandato de servicios preventivos del HHS, que obliga a los empleadores religiosos y a otros a proveer cobertura de esterilización y anticonceptivos incluyendo medicamentos abortivos.

Tercero, ACA falla al no dar un trato justo a los trabajadores inmigrantes y sus familias. ACA los deja en peor situación, al no permitirles comprar cobertura de seguro de salud, aun por su propia cuenta, bajo las nuevas opciones de acceso creadas por la ley. Esto socava la meta presentada por el Acta de promover el acceso a los cuidados básicos de salud para todos, especialmente los más necesitados.

Tras la promulgación del ACA, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no se ha unido a los esfuerzos por rechazar la ley completamente, y no lo hacemos hoy. La decisión del Tribunal Supremo no disminuye la importancia moral de asegurar un acceso digno a los cuidados de salud para todos, ni elimina la necesidad de corregir los fallos fundamentales ya descritos. Por lo tanto, continuamos urgiendo al Congreso a aprobar y a la Administración a ratificar leyes que corrijan esos fallos».