Gallardón vuelve los argumentos de la izquierda contra el aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantó en una entrevista al diario La Razón que la nueva ley del aborto que está preparando no incluirá la malformación o minusvalía del feto como un supuesto para abortar. Gallardón considera «éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos».

La intención del titular del Ministerio de Justicia es que la legislación en esta materia «vuelva a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos».

La actual regulación establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para poder tomar esta decisión.

El miércoles, sin embargo, el diario El Mundo anunciaba que la nueva ley del aborto incluirá el supuesto del perjuicio psicológico para la madre, el gran coladero en la ley de 1985. En 2010, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el 96,8 % de los abortos se acogieron a este supuesto.

El daño psicológico sería, en la ley de Gallardón, la causa a la que podrían acogerse los padres que no desearan tener un hijo con alguna deficiencia. No se abortará ya a estos niños por su deficiencia, sino por el supuesto perjuicio psicológico que su nacimiento implicaría para los padres.

No a la destrucción de embriones

Antes de que se diera a conocer este importante matiz, los grupos pro vida expresaron su satisfacción tras el anuncio de Gallarón. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, aunque insiste en que el objetivo es la erradicación total del aborto, habla de «progreso histórico». También aplaudieron el anuncio las organizaciones de discapacitados, entre ellas el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Federación Española de Síndrome de Down.

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida expresó su satisfacción por escuchar «palabras dignas de personas civilizadas del siglo XXI, porque si realmente defendemos que todos los seres humanos somos iguales, no debe ser sólo una idea bonita, sino una realidad. Ya era hora de que las leyes recojan los derechos humanos, empezando por el de la vida». Y añadió: «Ojalá esta ley dinamite la conciencia eugenésica que se ha apoderado de nuestra sociedad y que ha llevado a que decidamos quién cumple los estándares de calidad y quiénes no».

En esa línea, tras dar la bienvenida al anuncio del ministro, la secretaria general de Profesionales por la Ética, Teresa García-Noblejas, pidió la modificación de la Ley de Reproducción Humana Asistida para impedir la destrucción de los embriones considerados no aptos, de modo que sólo puedan nacer los niños sanos.

En 2010, se produjeron en España 3.361 abortos eugenésicos; 16.133 en los últimos cinco años. En 1985, el Tribunal Constitucional permitió el aborto eugenésico, amparándose en «la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales» en favor de las personas discapacitadas, pero dejaba la puerta abierta a una revisión de este supuesto cuando las prestaciones mejoraran. Además, en 2007, España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe cualquier tipo de discriminación.

Argumentario de izquierda

No es la primera vez que el ministro Gallardón vuelve los propios argumentos de la izquierda contra el aborto. En marzo, habló de «una violencia estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo», y denunció que «muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras».

«Quien conoce la realidad del aborto y las serias dificultades a las que se enfrentan muchas veces las mujeres que quedan embarazadas, sabe que la expresión de violencia estructural es real», dijo entonces Alicia Latorre. «Es hora de cambiar el discurso y dejar a un lado demagogias, tópicos rancios e intereses ideológicos y económicos y llamar a las cosas por su nombre, poner la verdad sobre la mesa».

Las cifras varían mucho según las fuentes, pero a falta de un estudio que permita calibrar la magnitud del problema, los grupos de ayuda a mujeres embarazadas con problemas hablan, fundamentalmente de presiones en el trabajo y de la pareja.