Miembros del PP conocían la denuncia contra 7 abortorios que Interior ordenó silenciar

El pasado jueves, Alfa y Omega se hacía eco de la pormenorizada denuncia sobre numerosas irregularidades, fraudes de ley, estafa fiscal y prácticas ilegales en casos de aborto, que el fundador de la Fundación La Vida Importa, Juan Sánchez Galera, presentó el pasado mes de junio ante la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, y que aún no ha sido investigada por la Benemérita «porque el Ministerio del Interior había dicho a la Guardia Civil que nuestra denuncia fuese enviada a la Fiscalía antes siquiera de investigarla».

Evitar un escándalo mediático

El objetivo de esa maniobra, según Sánchez Galera, «era ganar tiempo, pues al enviar la denuncia a la Fiscalía se consiguió posponer el caso al menos durante un año, y como visto lo visto parece evidente que en junio el Gobierno ya sabía que no iba a aprobar la reforma de la ley del aborto, silenciando la denuncia por elevación a instancias superiores, el Gobierno evitaba un escándalo mediático mayúsculo que implicase a los centros abortistas».

Una orden de tiempos de Rubalcaba

Al mismo tiempo, Sánchez Galera señala que con esta demora se conseguía «no estorbar el negocio de los centros abortistas», pues, como habrían confirmado altos cargos de la Guardia Civil e incluso varios diputados y senadores del Partido Popular, «en tiempos de Rubalcaba como ministro de Interior, se había dado la orden no escrita de no investigar a los centros abortistas (de hecho, la Ley Aído fue la respuesta del Gobierno de Zapatero al escándalo del doctor Morín, para blindar a los centros abortistas), y ahora esa orden no sólo no había sido revocada sino que se insistía en ella por la vía de los hechos».

Negativa de Interior

El Ministerio de Interior ha negado a Alfa y Omega toda implicación en el desvío de la denuncia hacia la Fiscalía, así como cualquier intento de influir en el trabajo de investigación de la Guardia Civil, «en este asunto y en cualquier otro, de la índole que sea, pues sería una injerencia intolerable en democracia».

Un caso complejo

Esta publicación ha tenido acceso a la Denuncia presentada por Sánchez Galera ante la Guardia Civil, en la que, durante casi 20 páginas y apoyada en 28 fotografías y pruebas documentales, recopilaba numerosas sospecha de delito, de distinta consideración, de hasta siete centros abortistas de cuatro Provincias de España. De hecho, el fundador de La Vida Importa explica que «el hecho de presentar la denuncia ante la Guardia Civil y no ante un juzgado nacía, precisamente, del hecho de que se recopilaban supuestos delitos de diferente naturaleza jurídica y, además, cometidos en diferentes lugares de España. Eso nos habría obligado a presentar varias denuncias por cada caso, en diferentes Provincias, y en diferentes juzgados dentro de cada Provincia, lo que habría complicado muchísimo más el proceso».

Conocimiento dentro del PP

Tal y como ha podido confirmar Alfa y Omega, durante los meses que el equipo de personas coordinado por Sánchez Galera recopilaba la información denunciada, varios diputados y senadores del Partido Popular estuvieron al corriente de la investigación, recibieron un primer borrador de la denuncia e incluso se lo trasladaron a altos cargos del Ministerio de Interior, de donde habría surgido la orden de entregarlo en una comisaría concreta (la de Tres Cantos), en una fecha determinada y a una persona en particular.

«Lo que nosotros hemos denunciado y que ellos vieron es algo tan flagrante y tan claro que no deja lugar a la duda. Todos los que luchamos en defensa de la vida sabíamos que estas cosas pasaban, pero no teníamos los datos y las pruebas suficientes para poder demostrarlo. Ahora, cuando lo vieron, la gente más sensata del PP nos reconocieron que si esto saliera a la luz, se generaría un escándalo mediático que forzaría al Gobierno a modificar la ley del aborto, que el Gobierno de Zapatero elaboró precisamente para proteger el negocio de estos centros abortistas», explica Sánchez Galera.

Restos humanos, datos personales no destruidos, fraude fiscal…

Los casos concretos denunciados, algunas de cuyas pruebas gráficas ilustran este reportaje, van desde atentados contra la Salud Pública por una mala gestión de los restos humanos generados tras un aborto; hasta delitos contra la Ley de Protección de Datos y diferentes normativas autonómicas, por informes médicos y datos personales de las mujeres que se sometían a los abortos, que se tiraban a la basura sin ser previamente destruidos; sospechas de violaciones de la ley abortista –«incluso de la Ley Aído, que no puede ser más laxa»– por practicar abortos a menores de 16 años y sin consentimiento de sus padres; o fraude y estafa contra la Tesorería de la Seguridad Social por facturar abortos de forma fraudulenta e incluso abortos que no han llegado a realizarse, por el arrepentimiento de última hora de la madre, «pero que al tener el centro abortista la cita y el volante aprobados por la Seguridad Social, han cobrado sin haberlo llevado a cabo». De hecho, los delitos de fraude fiscal y estafa presuntamente cometidos en estos siete centros suponen un montante promedio de un millón de euros al año en cada centro.