Los agustinos recoletos implican a alumnos, padres y profesores en su plan de protección de menores

Los agustinos recoletos llevan ya más de seis meses trabajando con un ambicioso plan de protección de menores —ante bullying, abusos sexuales, violencia…— que ha comenzado su implantación en los centros educativos españoles y que más tarde se expandirá por las distintas obras agustinianas repartidas por todo el mundo.

El objetivo es claro: incentivar en cada centro una cultura de la protección y del buen trato del menor y que en cada colegio haya un equipo de personas que lidere e impulsen la sensibilización, la formación y la implementación de un sistema estable. Como señaló el padre Antonio Carrón, presidente de Arcores, la red solidaria de los agustinos recoletos, «no es solo una reacción a los casos que se hayan podido dar, sino una reacción proactiva».

Este plan se implementará en todos los centros educativos de la familia agustino recoleta en nuestro país o, lo que es lo mismo, de él se beneficiarán 9.000 alumnos, 6.000 familias y 500 docentes.

Muchos de los diez centros ya tienen creadas estructuras de protección en el entorno escolar, esto es, una comisión para la protección de menores compuesta por personal administrativo, educadores, padres y alumnos, que será la responsable de garantizar el pleno uso por parte de los menores de sus derechos, así como de garantizar su protección en todo momento. Y para ello articulará los procedimientos necesarios para la concienciación, prevención y protección efectiva a través de la detección temprana de cualquier posible problema y para establecer mecanismo.

Cada comisión tendrá un coordinador al que se le requerirá formación especializada. De hecho, los que ya han sido nombrados están haciendo una formación impartida por la Pontificia Universidad Gregoriana y su Centro de Protección del Menor.

Una de las principales aportaciones de este plan es la formación, que será obligatoria para los profesores, personal administrativo, alumnos y familias, con materiales elaborados según las necesidades de cada colectivo. Se hará en forma de talleres impartido por aquellos coordinadores o profesores que han recibido la formación adecuada.

En el caso de los alumnos, algunos centros ya han realizado el primer taller cuyo objetivo es que los alumnos sean conscientes de sus derechos. «Se trata de empoderar a los alumnos, que sean conscientes de los derechos que tienen y que puedan levantar la voz si tienen algún problema», señaló Lino Iglesias, coordinador del plan de protección. De hecho, los agustinos recoletos quieren que este plan forma parte del currículo educativo de sus centros. En paralelo a los jóvenes, sus padres también siguen una formación específica de modo que luego puedan hablar entre ellos.

De aquí a noviembre de 2019, el plan seguirá extendiéndose —cada centro elige la forma y el ritmo de implantación—, momento en el que se hará una auditoría para analizar los resultados del proyecto.

Esta propuesta integral tendrá un costa de 171.000 euros que se repartirán casi a partes iguales entre la elaboración de materiales educativos, desarrollo de cursos de formación y contratación externa de profesionales y servicios (86.000) y la formación de familias, docentes y alumnos, así como la implementación del sistema en el centro: comité de protección, código de conducta, poítica pública, protocolo y procedimientos.