Obispos de EE. UU.: el Supremo protege a los provida pero no a los inmigrantes

Con pocas horas de diferencia, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha aplaudido y mostrado su desacuerdo con sendas sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Una protege la libertad de expresión de los centros provida de California, a los que una ley pretendía obligar a hacer publicidad del aborto. La otra, al respaldar el veto migratorio del presidente Donald Trump a las personas de varios países de mayoría musulmana, en opinión de los obispos no muestra ese mismo respeto a la libertad religiosa de las personas de esta religión.

El martes, el más alto tribunal de apelación del país falló a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen e impone restricciones a algunos venezolanos y norcoreanos desde el pasado septiembre. La sentencia fue respaldada por la mayoría conservadora del tribunal y salió adelante por cinco votos a favor y cuatro en contra.

Los obispos católicos han mostrado su decepción porque la decisión del Supremo no «toma en consideración la clara e ilegal focalización del Gobierno en un grupo religioso específico», afirman en un comunicado monseñor Jose Vasquez, presidente del Comité Episcopal de Migraciones, y monseñor Joseph Kurtz, presidente del Comité Episcopal de Libertad Religiosa.

«Contra la neutralidad del país»

«El veto migratorio –continúa su comunicado– pone en el punto de mira a los musulmanes para excluirlos, algo que va contra el principio nuclear de neutralidad de nuestro país en lo que respecta a los creyentes». Los responsables de migraciones y libertad religiosa del episcopado estadounidense subrayan que «la Iglesia católica se posiciona con firmeza contra la discriminación religiosa», y manifiestan su compromiso «con las personas de todas las religiones» y con el servicio a migrantes y refugiados.

Los obispos han seguido con interés la tramitación del veto migratorio. Antes de la respaldada por el Supremo esta semana, Trump había impulsado otras dos prohibiciones de viaje.

La primera la aprobó en enero de 2017, justo después de su toma de posesión, y abarcaba a siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y el Yemen) durante 90 días y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días, con excepciones de minorías religiosas. Como resultado, 700 viajeros fueron retenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente.

Una voz ante el Supremo

Dicha orden fue bloqueada por tribunales federales y el Ejecutivo preparó una segunda versión en marzo de ese año, que eliminaba de la lista a Irak y suprimía las excepciones recogidas en el programa de admisión de refugiados. Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo.

Las restricciones eran temporales y cuando expiraron, en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela, en los que las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su «familia inmediata».

Todas las veces que estas leyes han pasado por el Tribunal Supremo, los obispos y otras entidades católicas de atención a inmigrantes han hecho uso de la posibilidad de manifestar a la corte su visión como parte no implicada –una figura conocida en el país como amicus curiae o amigo del Tribunal–, para denunciar que el veto atentaba contra la libertad religiosa.

Derecho a no publicitar el aborto

Esta forma de participación de la Iglesia en la vida pública del país no es extraña. Sin ir más lejos, los obispos –junto con otras entidades católicas, protestantes y judías– también habían presentado un escrito formal ante el Supremo en otro caso sobre el cual este tribunal dictó sentencia el martes.

Se trata del caso del Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida (NIFLA por sus siglas en inglés) vs. Becerra. Esta entidad provida, en representación de otras muchas, había demandado al estado de California por aprobar una ley que obligaba a los centros que atienden a la mujer embarazada desde una perspectiva provida a colgar en sus instalaciones una lista de los servicios de «salud materna» que se ofrecen en el estado de forma gratuita o a bajo coste –incluido el aborto–.

En este caso, el Supremo falló a favor de los demandantes. El cardenal Timothy Dolan, presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia Episcopal, celebró en un comunicado que el Supremo haya afirmado que «la Primera Enmienda protege el derecho de todas las organizaciones a elegir no solo qué decir, sino qué no decir».

Un apoyo que afirme la vida

Esta interpretación permitirá «a los centros provida de atención a embarazadas que sigan ofreciendo tanto a la madre como al hijo un apoyo que afirme la vida, sin ser obligados por los gobiernos a publicitar gratis el acto violento que es el aborto, algo que directamente viola las convicciones provida del centro».

En opinión del cardenal Dolan, se trata de «una victoria para el derecho a la libertad de expresión de las organizaciones provida». Esta sentencia «es un importante progreso para proteger a los centros provida de atención a embarazadas de esfuerzos futuros de forzarles a manifestar algo que viola sus convicciones profundas».